El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, impulsa el expediente 25.773, una iniciativa que permitiría al Ministerio Público solicitar el congelamiento, inmovilización registral o secuestro preventivo de bienes antes de presentar una denuncia formal por incremento de capital sin causa lícita aparente.
El proyecto contempla que estas medidas puedan adoptarse sin audiencia previa, bajo el argumento de evitar que los bienes sean ocultados, vendidos o trasladados. La Fiscalía tendría posteriormente un plazo máximo de un mes para presentar la denuncia de fondo; de no hacerlo, la medida cautelar caducaría automáticamente.
La propuesta retoma el expediente 22.834, que llegó a segundo debate en octubre de 2025, pero fue rechazado por la Asamblea Legislativa. Durante su trámite, la Sala Constitucional señaló vicios de inconstitucionalidad en una de sus disposiciones por afectar el derecho de defensa y el debido proceso. Villalta asegura que el nuevo proyecto incorpora cambios para atender esos señalamientos.
La iniciativa abre ahora un debate sobre los límites del poder estatal para afectar la propiedad privada. La lucha contra el crimen organizado no está en discusión; el punto sensible es si resulta conveniente permitir que bienes sean congelados antes de una denuncia formal y sin audiencia previa.
El proyecto deberá demostrar que los nuevos controles son suficientes para evitar abusos y garantizar efectivamente el derecho de defensa y la protección constitucional de la propiedad.