TSE se basa en dictaduras de Venezuela y Nicaragua para aplicar veda electoral en Costa Rica
La ampliación de la interpretación del artículo 142 del Código Electoral expresada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se fundamentó en la resolución del caso Capriles- Venezuela y Gadea Mantilla en Nicaragua, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció a favor de los excandidatos a la presidencia.
En el caso de Henrique Capriles, la Corte resolvió 11 años después, en diciembre de 2024, a favor del excandidato presidencial, y argumentó que el gobierno venezolano utilizó una maquinaria estatal para despojar a los opositores.
Mientras que en el caso de Fabio Gadea Mantilla, quien fue candidato presidencial en el año 2011 en Nicaragua, la Corte determinó que “la falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección del presidente Daniel Ortega, y además consideró que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral mostraron parcialidad y no garantizaron un recurso judicial efectivo para revisar las decisiones que cuestionaban irregularidades en el proceso”.
Dichas resoluciones se dieron en diciembre de 2024, por esa razón, el TSE amplió la interpretación de la veda electoral, la cual la comunicó en junio de este año.
Precisamente por esa razón, la interpretación se comunicó en junio de este año donde establecieron que no solo no se podía pautar en medios digitales, como se ha venido haciendo en los últimos, sino que también se extendió a – de manera orgánica- difundir, retransmitir, reseñar o publicar fragmentos o imágenes de las conferencias de prensa llevadas a cabo.
“El Tribunal ajusta ese criterio estableciendo que también será prohibida aquella publicación aunque no medie pago, esto es así, porque la corte razona que las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en vitrinas importantes de exposición que de no ser reguladas, podría provocar un desbalance en la contienda electoral. Esto ha obligado que se haga un ajuste a la jurisprudencia”, explicó Andrei Cambronero, vocero del TSE.