Dos funcionarios de alto nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), vinculados como testigos al caso Barrenador y críticos de actuaciones del Gobierno de Rodrigo Chaves, fueron denunciados por el farmacéutico Franklin Binns por el presunto uso de medicamentos con defectos de calidad y por supuesto acoso laboral.
La denuncia señala a Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, y Adriana Chaves Díaz, directora de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, ambos funcionarios han rendido declaración como testigos dentro del caso Barrenador al Ministerio Público, incluso en la Asamblea Legislativa.
La doctora Lynette Caravaca Villegas, del Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos de la CCSS, también figura en la denuncia, pero no tiene relación con el caso Barrenador.
Según el denunciante, el conflicto se originó en 2025, cuando el Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos (LNCM) detectó el incumplimiento en el volumen de las ampollas. Binns se opuso a la liberación del producto y posteriormente acudió a la Sala Constitucional. La CCSS, por su parte, defendió la utilización excepcional de los lotes ante el riesgo de desabastecimiento.
El farmacéutico sostiene que, después de sus objeciones técnicas, fue trasladado de su puesto y posteriormente sometido a un procedimiento disciplinario por supuestas faltas de confidencialidad e imparcialidad, actuaciones que califica como hostigamiento laboral.
El farmacéutico se oponía a la liberación de los lotes de diclofenaco inyectable porque las pruebas realizadas por el Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos (LNCM) detectaron que las ampollas contenían un volumen inferior al indicado en su etiquetado.
El farmacéutico llevará su denuncia ante las autoridades judiciales y laborales, donde solicitará el cese del supuesto hostigamiento y el archivo del proceso disciplinario. Sostiene que su caso evidencia la necesidad de fortalecer los controles de calidad de los medicamentos adquiridos por la CCSS y garantizar que los profesionales puedan denunciar posibles irregularidades sin temor a represalias.