La propuesta del Gobierno para eliminar las pensiones de expresidentes desató críticas del Frente Amplio, cuyos diputados cuestionaron que la presidente Laura Fernández presentara un nuevo proyecto cuando esa agrupación ya tiene uno en trámite en la Asamblea Legislativa, el cuál fue rechazado.
Sin embargo, una revisión de ambos textos revela una diferencia sustancial: el proyecto frenteamplista permite que algunos expresidentes que ya reciben la pensión puedan conservarla, mientras el del Ejecutivo pretende eliminarla para todos.*
El diputado del Frente Amplio Edgardo Araya aseguró que la decisión de Fernández responde a la presión ejercida desde distintos sectores y cuestionó que el Ejecutivo quiera comenzar nuevamente el trámite legislativo.
“Ya ese proyecto está aquí, está avanzado (...) ¿por qué tener que presentar otro proyecto y avanzar desde cero?”, manifestó Araya.
El legislador incluso instó al Gobierno y al resto de fracciones a retomar el expediente presentado por el Frente Amplio y aprobarlo cuanto antes.
La diferencia está en las pensiones actuales
Aunque ambas propuestas buscan derogar el régimen especial de pensiones de expresidentes, no hacen lo mismo con quienes actualmente reciben el beneficio.
El expediente 24.793 del Frente Amplio elimina el régimen para futuros beneficiarios, pero establece condiciones especiales para quienes ya tienen otorgada la pensión. Estas personas podrían continuar recibiéndola si demuestran ingresos mensuales inferiores a tres salarios base y no son beneficiarias de una pensión del IVM, Magisterio Nacional o Poder Judicial.
El propio Frente Amplio reconoce en la justificación de su proyecto que jurisprudencia de la Sala Constitucional podría representar una limitación para eliminar pensiones ya otorgadas por tratarse de situaciones jurídicas consolidadas. Por eso, su propuesta opta por suspender el beneficio bajo determinadas condiciones, en lugar de eliminarlo automáticamente para todos los actuales pensionados.
El Ejecutivo sí plantea eliminar las que ya se pagan
El proyecto 25.703 del Gobierno toma otro camino. Su artículo primero establece expresamente que quienes actualmente sean beneficiarios de la pensión de expresidente “dejarán de percibirla” a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Además, dispone que los exmandatarios únicamente podrán recibir las pensiones correspondientes a regímenes públicos a los que efectivamente hayan contribuido y siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
La iniciativa tampoco pretende recuperar los millones ya pagados. El propio texto señala que sus efectos serían hacia futuro: lo recibido hasta ahora se mantiene, pero los pagos posteriores a la entrada en vigencia se acabarían.
Laura Fernández y Rodrigo Chaves tampoco recibirían el beneficio
Los dos proyectos coinciden en algo: al derogar el régimen, quienes todavía no reciben esta pensión especial ya no podrían comenzar a cobrarla posteriormente.
Esto alcanzaría a la propia Laura Fernández, quien actualmente ejerce la Presidencia, y también tendría efectos sobre Rodrigo Chaves, quien aparece en los datos incluidos por el Ejecutivo con ₡0 recibidos por concepto de pensión de expresidente.
La diferencia está en los exmandatarios que sí la cobran actualmente. Mientras el Frente Amplio abre la posibilidad de que algunos continúen recibiéndola bajo determinadas condiciones, el Gobierno propone cortar también esas pensiones hacia futuro.
Por eso, pese al reclamo del Frente Amplio de que ya existe un proyecto y no es necesario comenzar “desde cero”, las dos iniciativas no tienen el mismo alcance ni producirían exactamente las mismas consecuencias para los actuales expresidentes pensionados.