De 14, a 15 años. El diputado Eder Hernández presentó esta semana el expediente 25.805 como su segundo proyecto de ley, una iniciativa con la que busca prohibir el acceso y la creación de cuentas en redes sociales a menores de 15 años. Sin embargo, una propuesta legislativa anterior ya había planteado prácticamente el mismo debate: impedir que menores de edad accedan libremente a este tipo de plataformas.
El expediente 25.336, presentado por la entonces diputada María Marta Carballo, establece que las personas menores de 14 años no podrán crear ni utilizar cuentas en plataformas con interacción social.
“He presentado mi segundo proyecto de ley bajo el expediente 25.805, edad mínima de 15 años para el acceso y creación de cuentas en redes sociales”, afirmó.
Pero el proyecto anterior no solamente contemplaba una prohibición por edad. La iniciativa de Carballo también establecía requisitos para adolescentes entre los 14 y 18 años, como verificación obligatoria de edad y autorización expresa de padres o encargados legales.
Además, el expediente 25.336 contiene regulaciones que incluso van más allá de lo planteado por Hernández: obliga a las plataformas a desactivar por defecto mecanismos considerados adictivos, como el scroll infinito y el autoplay, limita determinados sistemas de recomendación, plantea herramientas de supervisión parental y regula videojuegos con funciones sociales y servicios de inteligencia artificial dirigidos a menores.
Eder agrega un impuesto cercano a ₡40 millones
El proyecto de Hernández sí incorpora elementos que no aparecen en la iniciativa anterior.
Uno es la creación de un impuesto anual de 100 salarios base para las empresas propietarias de redes sociales que operen en Costa Rica, cifra que el diputado estima cercana a los ₡40 millones por plataforma.
“No los costarricenses, las plataformas”, enfatizó Hernández al explicar quién asumiría el nuevo cobro.
El texto incluso establece que, si una empresa incumple con el pago, podría ordenarse el bloqueo de la red social en Costa Rica.
También existen diferencias en la forma de comprobar la edad. Mientras el proyecto de Carballo exige la Tarjeta de Identidad de Menores para determinadas cuentas de adolescentes, Hernández propone evitar, como regla general, que documentos gubernamentales sean utilizados como principal mecanismo de verificación y plantea opciones menos invasivas para la privacidad.
Una discusión que ya estaba en la Asamblea
Hernández justificó su proyecto señalando riesgos como ansiedad, bullying y depresión asociados al uso de redes sociales y aseguró que la iniciativa busca proteger a niños y adolescentes.
Sin embargo, la discusión sobre establecer una edad mínima para redes sociales no comenzó con el expediente 25.805. El proyecto 25.336 ya planteaba una restricción prácticamente sobre el mismo núcleo: impedir cuentas a menores, exigir verificación de edad y responsabilizar a las plataformas por el cumplimiento.
Así, aunque el expediente de Hernández incorpora un impuesto, modifica el sistema de verificación y presenta otras diferencias técnicas, su principal bandera —establecer una edad mínima para utilizar redes sociales— ya estaba contenida en un proyecto anterior. La diferencia concreta en ese límite: Carballo propuso 14 años; Hernández, 15.