Santiago Arguedas, abogado penal explica el proceso que seguirá “Macho Coca” en Costa Rica
El Tribunal Penal de San José rechazó la extradición de Gilbert Hernán Bell Fernández hacia Estados Unidos, donde era requerido por presuntos delitos de narcotráfico internacional. Con esta decisión, el caso será investigado y juzgado en tribunales costarricenses, lo que plantea interrogantes sobre cómo se llevará a cabo el proceso en el país.
El abogado penalista Santiago Arguedas explica que “el proceso de extradición no analiza la ley de fondo, únicamente verifica si se cumplen los requisitos procesales para el traslado al país requirente”. Según Arguedas, este análisis permite determinar si la solicitud cumple con las formalidades legales, pero no evalúa los méritos del caso o la culpabilidad del acusado.
Esto implica que los cargos que Estados Unidos atribuía a Bell Fernández, como el liderazgo de una estructura dedicada al tráfico de cocaína, deberán ser procesados bajo la legislación costarricense. Las autoridades locales deberán abrir un nuevo expediente que contemple los delitos internacionales señalados, garantizando que el proceso cumpla con los estándares legales nacionales.
Arguedas señala que “si la posición del Tribunal de Apelaciones es que no procede la extradición, los casos pueden ser procesados aquí para que se cumpla la pena en Costa Rica”. Esto garantiza que Bell Fernández no quede impune y que la justicia costarricense asuma la responsabilidad de juzgar los delitos que se le imputan.
El abogado también enfatiza la importancia de analizar si la norma constitucional modificada es de fondo o de carácter procesal, ya que esto puede influir en la forma en que se desarrollen los juicios nacionales por delitos con dimensión internacional. La determinación de estos aspectos legales será clave para el desarrollo del caso.
Mientras tanto, Macho Coca continuará bajo detención preventiva en Costa Rica, cumpliendo la medida cautelar establecida desde su arresto en 2024. La Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de abrir un nuevo expediente por los presuntos delitos internacionales, asegurando que el proceso cumpla con la legislación y garantice la aplicación de la pena correspondiente.