Play Stations decomisados en cárcel juvenil ingresaron con permisos durante gobierno de Carlos Alvarado
Los seis PlayStations, videojuegos y accesorios que fueron decomisados y destruidos por el Ministerio de Justicia y Paz ingresaron al Centro Especializado para el Adulto Joven Ofelia Vincenzi Peñaranda durante el gobierno de Carlos Alvarado.
Los registros documentados ubican el ingreso de estos dispositivos entre enero del 2019 y octubre del 2021, bajo las gestiones de las exministras Marcia González Aguiluz y Fiorella Salazar.
Según el Ministerio, las consolas no fueron encontradas como parte de un ingreso clandestino reciente, sino que permanecían en el centro penitenciario con registros previos de autorización. En enero del 2023, durante la administración de Rodrigo Chaves, la población del centro solicitó regularizar el ingreso de consolas de videojuegos, pero la petición fue rechazada.
La medida se ejecutó tras la entrada en vigencia de la circular DGAS-05-2026, relacionada con objetos no permitidos dentro de los centros penitenciarios. Como parte de las nuevas disposiciones, la Policía Penitenciaria retiró los aparatos y procedió con su destrucción.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, aseguró que las cárceles deben ser espacios para cumplir condenas y no para fomentar el ocio.
“Me enteré de que los privados de libertad del Centro del Adulto Joven tenían consolas de videojuegos, televisores y pasaban ociosos. Eso se terminó. Con la nueva directriz retiramos esos aparatos y van a tener que incorporarse al plan Cero Ocio para trabajar y cumplir con su condena. Si quieren ganarse el beneficio del dos por uno, tendrán que hacerlo con trabajo, orden y disciplina”, afirmó Aguilar.
Los privados de libertad que utilizaban estos dispositivos serán incorporados al plan Cero Ocio, estrategia impulsada por Justicia para reforzar el trabajo, la disciplina y el orden dentro del sistema penitenciario.
Actualmente, el programa mantiene cuatro frentes activos con aproximadamente 50 privados de libertad realizando labores en carreteras, centros educativos y espacios públicos.
De acuerdo con el Ministerio, solo en mantenimiento vial la incorporación de estas cuadrillas representa un ahorro estimado de hasta ₡600 millones anuales. Además, la primera etapa de intervención en siete centros educativos proyecta un ahorro potencial de hasta ₡17,5 millones para las comunidades educativas.
Justicia informó que continuará fortaleciendo las medidas de control dentro de los centros penitenciarios, con el objetivo de eliminar privilegios incompatibles con el cumplimiento de la pena y consolidar el trabajo como eje de la ejecución penal.