Municipalidad de Naranjo acatará por fin orden de brindar agua en Proyecto La Esperanza
Tras semanas de espera, la Municipalidad de Naranjo anunció que ejecutará finalmente las medidas para brindar el servicio de agua potable al Condominio Residencial Vertical La Esperanza, cumpliendo con la resolución emitida por la Sala Constitucional. La decisión llega después de que más de 120 familias permanecieran sin acceso a este derecho fundamental.
El alcalde Randall Vega explicó la razón de la demora, justificando que su administración estaba a espera de la notificación oficial de la Sala Constitucional:
“Somos conscientes de que hay procesos que se deben respetar”, señaló, justificando así que la municipalidad no pudiera actuar antes de recibir la resolución formal.
En un comunicado oficial, la Municipalidad de Naranjo informó que recibió la resolución N.° 2025030992, la cual dispone ejecutar las medidas necesarias para brindar agua potable al proyecto residencial. Según el documento, el alcalde emitió el oficio MN-ALC-OF-2101-2025 instruyendo al coordinador del acueducto municipal a cumplir con lo ordenado.
“Quiero dejar claro que como municipalidad de Naranjo estamos a favor de los proyectos de vivienda”, agregó Vega, dejando en duda el actuar de la municipalidad en la situación vivida.
La situación generó críticas debido a que el retraso había dejado a más de 120 familias sin agua, un derecho básico y protegido por la Constitución. Aun así, el alcalde defendió su postura señalando la tensión entre la autonomía local y la obligación de acatar decisiones judiciales:
“La situación vivida la consideramos como un atropello a la autonomía local”, afirmó, aunque aseguró que la municipalidad actuaría de manera respetuosa con la resolución.
Con esta medida, se espera que las familias del Condominio La Esperanza puedan acceder al servicio básico que se les había negado durante varias semanas. Vega finalizó su declaración reiterando el compromiso del gobierno local con la legalidad:
“Seremos totalmente respetuosos de la decisión que tomen las autoridades”, concluyó.
La resolución de la Sala Constitucional y la intervención del poder ejecutivo ponen fin a un capítulo de incertidumbre, demostrando que la espera de la notificación oficial fue solo un argumento de la demora, y a la no voluntad de cumplir con los derechos de los vecinos.