La presidente Laura Fernández anunció que el recorte previsto para el presupuesto del Poder Judicial en 2027 será finalmente de ₡11 mil millones y no de ₡27 mil millones, como había planteado inicialmente el Ministerio de Hacienda.
Durante su mensaje, Fernández aseguró que instruyó a Hacienda para disminuir el monto del ajuste, por lo que el recorte representará aproximadamente un 2% del presupuesto judicial. La mandataria sostuvo que su Gobierno asumirá la diferencia, pero condicionó el manejo de los recursos a una mayor rendición de cuentas.
El anuncio ocurre en medio de las diferencias entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia por el presupuesto para 2027. Autoridades judiciales han advertido sobre las consecuencias que una reducción de recursos podría tener para el funcionamiento de la institución y particularmente para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Fernández rechazó esos señalamientos y afirmó que no permitirá que se responsabilice a su administración por problemas que, según sostuvo, existen desde años atrás.
“A mí no me utilizarán como excusa de sus errores”, manifestó.
La presidente también aseguró que estarán garantizados los recursos destinados a la seguridad de los funcionarios judiciales, entre ellos los necesarios para adquirir armas y chalecos antibalas.
Además, cuestionó algunos gastos del Poder Judicial, entre ellos el alquiler del edificio donde funciona la Sala Constitucional. Según los datos expuestos por Fernández, el costo pasó de $102 mil mensuales en 2017 a $122 mil mensuales desde 2024, pese a que, afirmó, únicamente un 20% de los empleados utiliza el inmueble.
Fernández insistió en que los jerarcas judiciales deberán explicar cómo utilizan los recursos públicos y adelantó que el Gobierno liberará recursos en tractos, sujetos al cumplimiento de una serie de condiciones.