Frente Amplio propone que el INEC recopile datos sobre orientación sexual e identidad de género en censos nacionales

El Frente Amplio propone, dentro de su plan de gobierno, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) incluya variables relacionadas con la orientación sexual, identidad de género y características sexuales en encuestas y censos oficiales, con el fin de recopilar información sobre la población LGTBIQ+ del país.

Según el analista político José Carvajal, “esa es una de las propuestas del candidato Ariel Robles, muy acorde a esa izquierda que siempre busca utilizar el poder del Estado para intervenir en la vida privada de las personas”.

En el documento se detalla la intención de “impulsar estadísticas oficiales inclusivas” y de realizar estudios específicos sobre la situación de esta población, proponiendo incorporar dichos datos en instrumentos como la Encuesta Nacional de Hogares, la Encuesta Continua de Empleo y los Censos Nacionales. Además, el plan contempla que esta información se maneje mediante un registro descentralizado y extensivo a todas las dependencias estatales e instituciones públicas.

Carvajal agregó que “imagínate, utilizar el INEC, que prácticamente lo que quiere es convertirlo en una especie de UPAD 2.0 para pedir datos sensibles de las personas en los censos nacionales”, lo que, a su criterio, representa una alerta sobre el alcance que podría tener el Estado en la vida privada de los ciudadanos.

La propuesta ha generado preocupación por las implicaciones que tendría en materia de privacidad y protección de datos personales, ya que incluir variables de identidad o preferencia sexual en registros oficiales podría exponer información sensible de los ciudadanos.

Finalmente, el analista señaló que “eso simplemente es una alerta de cómo un candidato busca tener aún, si llegase al poder, un poder absoluto en las actividades privadas de las personas”.

De esta forma, la propuesta del Frente Amplio se percibe como una medida ideológica más que estadística, que introduce al Estado en ámbitos personales que deberían estar protegidos por la Constitución y la legislación sobre privacidad.