Cotobrus vive una emergencia silenciosa: vecinos pasan hasta cinco días sin agua y hospitales operan al límite
En el corazón de la zona sur, donde nacen las montañas y la lluvia abunda casi todo el año, la paradoja golpea fuerte: el cantón con más agua del país es también uno de los que más sufre por la falta del recurso.
Vecinos de comunidades como La Isla, Santa Rita, Cañas Gordas, Sabanillas y Limoncito denuncian que pasan hasta cinco días sin una sola gota de agua en sus hogares, afectando no solo la vida cotidiana, sino también la salud pública, la educación y el funcionamiento de los centros médicos.
La situación ha alcanzado un punto crítico. El Hospital de San Vito y los centros de atención primaria se ven obligados a operar con interrupciones, mientras escuelas y hogares de ancianos suspenden actividades.
El Dr. Carlos Solís, médico general del Hospital de San Vito, alertó sobre el impacto que esta crisis tiene en toda la comunidad.
“La situación en San Vito es caótica. La población lleva 15 años sufriendo cortes de agua, lo cual es completamente irónico porque somos el cantón con más agua del país”, expresó el Dr. Solís. “La tubería principal está obsoleta y la falta de interés político nos tiene prácticamente colapsados”.
Una crisis que se arrastra por años
Según Solís, la problemática no es nueva. Desde el año 2018 distintas comunidades, docentes y líderes locales han solicitado intervención directa a instituciones como la AyA, el Ministerio de Salud y la Contraloría General de la República.
Una auditoría interna de la AyA del 2021 reconoció graves deficiencias en la gestión del proyecto de renovación del acueducto de Coto Brus.
“La auditoría fue clara: los cronogramas no son claros, no existen informes de labores ni control adecuado de la ejecución. Eso es negligencia institucional”, denunció el médico.
De acuerdo con el galeno, la situación se ha normalizado peligrosamente: las familias almacenan agua en baldes, los adultos mayores deben recorrer largas distancias para conseguir el líquido, y los niños pierden lecciones por la falta del servicio.
“Esto ya no es una emergencia aguda, es una emergencia crónica”, añadió. “Nos hemos acostumbrado a lo anormal”.
Desinterés político y desvío de recursos
Los vecinos apuntan a un problema estructural y político. A pesar de múltiples promesas de gobiernos anteriores, el proyecto de renovación total del acueducto se ha pospuesto varias veces: primero para 2019, luego para 2025, después para 2029, y más recientemente para 2030.
Mientras tanto, las inversiones multimillonarias nunca llegaron a ejecutarse completamente.
“En el 2015 y 2018 se pagaron cerca de 100 millones de dólares en viáticos, y en 2019 se desembolsaron 2 millones más en una consultoría internacional”, señaló Solís. “Es dinero de todos los costarricenses. El AyA tenía los planos y los fondos, pero el dinero fue desviado a otros proyectos menos urgentes”.
El médico también cuestionó la inacción de las autoridades locales. “La municipalidad ha tenido parte de responsabilidad. Han creado comisiones ad honorem para suplir la falta de gestión institucional, pero eso no sustituye el cumplimiento del deber”, afirmó.
Afectación directa a la salud y al diario vivir
La falta de agua impacta de forma directa a los sectores más vulnerables: adultos mayores, niños, mujeres y personas con discapacidad.
“Hay adultos mayores que pasan seis o siete días sin agua y deben ir a ríos o cuencas a recogerla. Mujeres que tienen que cargar baldes, y personas discapacitadas que no pueden hacerlo. Esto es indignante en pleno siglo XXI”, expresó el médico con visible molestia.
El AyA interrumpe el servicio entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana, lo que, según Solís, “pone en riesgo la capacidad de respuesta ante incendios o emergencias graves”.
Desobediencia institucional y llamado a la Contraloría
La situación ha llegado incluso a los tribunales. En 2023, la Sala Constitucional declaró en desobediencia al AyA tras tres recursos de amparo interpuestos por ciudadanos, entre ellos el exdiputado Wagner Jiménez.
El alto tribunal otorgó nueve meses para ejecutar el proyecto, plazo que venció sin resultados.
“La Sala Constitucional ordenó al AyA actuar, pero no les importó. Ignoraron la orden de los jueces, ignoraron la auditoría interna y dejaron a la gente sin agua. Esto es temerario”, advirtió el Dr. Solís.
Ante esto, el médico hace un llamado urgente a la Contraloría General de la República y al Poder Ejecutivo para declarar la situación como emergencia nacional.
“Estamos hablando de un derecho humano fundamental. El agua no tiene color político. No sale azul, verde, roja o amarilla. Sale transparente, y todos sufrimos por igual”, concluyó.
Un llamado a la acción
Mientras los días pasan y las tuberías envejecen, la comunidad de Coto Brus sigue esperando soluciones concretas.
La falta de agua no solo seca los grifos, sino que erosiona la confianza de una población cansada de promesas incumplidas.
El Dr. Solís resume con claridad el sentir de su gente:
“No queremos más discursos, queremos agua. Queremos vivir con dignidad”.