Las decisiones tomadas por los tribunales en los últimos días vuelven a poner bajo la lupa la actuación del sistema judicial costarricense y abren una interrogante: ¿se está aplicando la justicia con el mismo criterio para todos? El contraste surge entre la condena contra Yendry Quirós, conocida como “La Colocha”, el avance del expediente relacionado con Jimena Rueda y las recientes liberaciones de funcionarios judiciales investigados por presuntos favorecimientos vinculados con el entorno de alias “Diablo”.
Esta semana, Yendry Quirós fue condenada a un mes de prisión por el delito de amenazas contra el exdiputado del Frente Amplio Ariel Robles, por hechos ocurridos durante una manifestación frente a la Asamblea Legislativa en junio de 2023. Aunque recibió el beneficio de ejecución condicional de la pena y, por tanto, no irá a prisión, el fallo la declaró culpable luego de enfrentar un segundo juicio.
Quirós había sido absuelta en marzo de 2025; sin embargo, aquella sentencia fue anulada después de una apelación y se ordenó realizar un nuevo debate ante otro tribunal. En esta segunda ocasión, la Fiscalía solicitó tres meses de cárcel y finalmente se estableció una pena de un mes.
El caso contrasta con el expediente relacionado con Jimena Rueda Ledezma, hija del magistrado de la Sala Constitucional Paul Rueda. La investigación se originó después de que, en mayo de 2024, Rueda compartiera en redes sociales una publicación relacionada con el entonces presidente Rodrigo Chaves acompañada de la expresión “ya esto amerita un francotirador”.
A raíz de aquella publicación se abrió una causa penal y Chaves declaró posteriormente como ofendido. Sin embargo, el expediente ha permanecido en etapa de investigación. Esta semana, la presidente Laura Fernández utilizó precisamente ambos casos para cuestionar los tiempos del sistema judicial y aseguró que, a diferencia de Quirós, Jimena Rueda ni siquiera habría sido indagada hasta ahora.
Pero el debate tomó todavía más fuerza durante la madrugada de este jueves, después de conocerse las medidas cautelares impuestas a dos jueces y una funcionaria judicial detenidos en Pococí, investigados por presuntos favorecimientos relacionados con personas del entorno de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública resolvió que los tres pueden enfrentar el proceso en libertad, aunque deberán cumplir varias restricciones: firmar cada 15 días, mantener un domicilio fijo, no salir del país y permanecer suspendidos de sus cargos durante seis meses. Tampoco podrán acercarse a los Tribunales de Pococí ni comunicarse con personas que trabajan en los despachos donde desempeñaban sus funciones.
La investigación contra los funcionarios judiciales ha generado especial atención debido a la gravedad de las sospechas que dieron origen a las detenciones. El Ministerio Público investiga posibles actuaciones destinadas a favorecer a personas relacionadas con el entorno de alias “Diablo”; no obstante, estas imputaciones se encuentran todavía bajo investigación y no existe una condena contra los funcionarios.
A la lista se suma la hermana de alias “Diablo”, una mujer de apellido Arias que también fue detenida en Pococí dentro de la investigación. Pasada la medianoche, el mismo juzgado resolvió dejarla en libertad sin imponerle medidas cautelares.
El Ministerio Público había solicitado medidas más severas en parte de estos casos y apeló la resolución, por lo que corresponderá a una instancia superior determinar si mantiene o modifica lo dispuesto por el juzgado.
El panorama deja así resoluciones muy diferentes en casos que han generado una amplia discusión pública: Yendry Quirós pasó por dos juicios y terminó condenada por amenazas contra un entonces diputado; el expediente relacionado con la expresión publicada por Jimena Rueda continúa en investigación más de dos años después; y los funcionarios judiciales y la hermana de alias “Diablo” recientemente detenidos enfrentarán, por ahora, sus procesos en libertad.