La presidente Laura Fernández aseguró que el Estado ha desembolsado más de ₡5.469 millones en pensiones para expresidentes hasta julio de 2026 y cuestionó que algunos exmandatarios hayan recibido durante décadas un beneficio por el que no cotizaron específicamente.

Fernández defendió el proyecto del Ejecutivo para eliminar estas pensiones y recalcó que también alcanzaría a ella misma y a Rodrigo Chaves. Además, marcó distancia con la propuesta del Frente Amplio, al señalar que permitiría mantener el beneficio bajo determinadas condiciones.

🔗 | De denunciar “torturas” en Costa Rica a una de las cárceles más duras de Nueva York: el posible destino de “Macho Coca”

“Macho Coca” salió de Costa Rica denunciando supuestas “torturas” en Alta Contención e incluso agradeció a Estados Unidos por extraditarlo al asegurar que le estaban “salvando la vida”. Sin embargo, el panorama que podría enfrentar en Nueva York está lejos de ser más cómodo.

Bell Fernández podría terminar recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, la misma cárcel donde permanece Nicolás Maduro y un centro que ha sido descrito por abogados como “el infierno en la tierra” debido a sus duras condiciones. De momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado que este sea el centro asignado a “Macho Coca”.

🔗 | Laura Fernández viajará a Limón para atender de primera mano emergencia por inundaciones

La presidente Laura Fernández viajará este lunes a Limón para atender de primera mano la emergencia provocada por las fuertes lluvias e inundaciones. La mandataria iniciará su recorrido en el albergue de Valle La Estrella y posteriormente visitará otras comunidades afectadas.

La gira se produce mientras cientos de personas permanecen en albergues temporales y los cuerpos de primera respuesta continúan con evacuaciones, rescates y monitoreo en las zonas de mayor riesgo. Fernández supervisará la atención y la llegada de ayuda a las familias damnificadas.

🔗 | ¡Magistrada quiere menos trabajo administrativo, pero mantener su plus salarial!

Julia Varela busca permanecer ocho años más en la Corte, pero durante su comparecencia respaldó reducir las funciones administrativas de los magistrados mientras defendió el plus salarial asociado a esas tareas. ¿Menos funciones, pero el mismo beneficio?

🔗 | Analizamos el panorama político y los movimientos que marcarán los próximos años

Conversamos con la columnista política Lucía Arias sobre el momento que atraviesa la política costarricense, las tensiones entre distintos sectores y los movimientos que comienzan a tomar fuerza de cara a los próximos años. Un análisis EN VIVO sobre lo que está ocurriendo detrás del escenario político nacional.

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Las iniciativas abarcan temas como acceso al crédito, pensiones no contributivas, infraestructura pública, seguros para productores, controles de la Contraloría General de la República (CGR), conectividad y modernización del INA.

1. Cambios a tasas de interés para combatir los “gota a gota”

Uno de los proyectos a los que Fernández dedicó mayor parte de su intervención propone un nuevo modelo para calcular las tasas máximas de interés, tomando en cuenta los riesgos y costos asociados a los créditos. La SUGEF sería la encargada de actualizar las tasas según las condiciones del mercado.

El Gobierno sostiene que la modificación permitiría que personas y sectores considerados de mayor riesgo puedan acceder al crédito formal, sin eliminar los límites contra cobros excesivos.

Fernández vinculó directamente la iniciativa con el problema de los préstamos informales conocidos como “gota a gota” y relató que durante la campaña un niño de aproximadamente seis años se acercó a pedirle que solucionara ese problema porque provocaba discusiones entre sus padres.

2. Más recursos para pensiones no contributivas

Otra iniciativa pretende fortalecer el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) mediante el traslado del 50% del aporte patronal que actualmente recibe el Banco Popular.

Esos recursos pasarían al régimen destinado a personas en condición de vulnerabilidad, con especial atención, según la propuesta presentada por el Gobierno, a adultos mayores que requieren respaldo estatal.

3. Una ley especial para sacar adelante Ciudad Gobierno

Fernández también presentó un proyecto específico para desarrollar Ciudad Gobierno (PROCIGO), iniciativa que pretende concentrar distintas instituciones públicas en un solo complejo y albergar a más de 10.000 funcionarios.

Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo es económico. Según las estimaciones presentadas, Ciudad Gobierno permitiría ahorrar al menos $26 millones anuales en alquileres.

4. Cambiar las reglas de la Contraloría

Otro de los proyectos plantea reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley General de Control Interno.

La propuesta pretende delimitar la función fiscalizadora de la Contraloría frente a las competencias de la Administración Pública. Según el planteamiento gubernamental, se mantendrían los controles sobre los recursos públicos, pero se buscaría evitar lo que el Ejecutivo considera una “coadministración”.

Fernández aseguró que no pretende debilitar la fiscalización, sino actualizarla ante los nuevos modelos de financiamiento y ejecución de obras. Como ejemplos, mencionó los obstáculos enfrentados por Ciudad Gobierno y la Marina de Limón.

5. Seguros para proteger a productores

El paquete también contempla una ley para promover seguros agropecuarios frente a riesgos climáticos, sanitarios y productivos.

La iniciativa crearía un fondo para subsidiar las primas y priorizar a sectores vulnerables, con el objetivo de reducir el costo de los seguros y proteger económicamente a productores ante pérdidas.

Fernández puso como ejemplo la situación que observó durante su reciente visita a Limón, donde aseguró que las constantes lluvias han afectado los pastos y provocado pérdidas a ganaderos. También mencionó las dificultades que enfrentan pescadores del Pacífico ante las condiciones climáticas.

6. Un “fast track” para obras ante riesgos inminentes

Otro proyecto propone crear un procedimiento especial de contratación cuando una infraestructura represente un riesgo inminente para la vida o la salud de las personas.

La Contraloría mantendría la supervisión y tendría que autorizar el mecanismo excepcional, pero las contrataciones podrían avanzar mediante procedimientos más rápidos.

Fernández utilizó como ejemplo una escuela afectada por las lluvias en Limón y cuestionó que una infraestructura bajo riesgo tenga que cumplir los mismos tiempos de contratación que una obra ordinaria.

7. Cambios en FONATEL para acelerar conectividad

El Gobierno también pretende reformar la Ley N.° 8642 para modificar la administración de FONATEL, fondo destinado a reducir la brecha digital.

El proyecto busca agilizar la ejecución de los recursos, mejorar la coordinación institucional y llevar conexión a Internet a más personas, comunidades y centros educativos.

Fernández cuestionó que FONATEL permanezca dentro de la SUTEL cuando, a su criterio, la función original de esa superintendencia es regular el mercado de telecomunicaciones y no ejecutar proyectos de inversión para ampliar la conectividad.

8. Un régimen de empleo propio para el INA

Finalmente, Fernández presentó la creación de un Estatuto de Empleo Público para el INA, con el objetivo de otorgarle un régimen propio que facilite la contratación de personal técnico y especializado de acuerdo con las necesidades del mercado laboral.

La propuesta busca fortalecer la autonomía y gestión del talento humano de la institución, manteniendo criterios de mérito, transparencia, igualdad y respeto a los derechos adquiridos.

Durante su discurso, Fernández también defendió la necesidad de modernizar el INA y ampliar las posibilidades de formación virtual para personas que no pueden asistir a clases en horarios tradicionales. La mandataria utilizó su propia experiencia como madre trabajadora para ejemplificar la necesidad de contar con alternativas de capacitación en horarios más flexibles.

La presidente Laura Fernández volvió a defender el proyecto del Poder Ejecutivo para eliminar las pensiones especiales de los expresidentes y aseguró que, hasta julio de 2026, el Estado había desembolsado más de ₡5.469 millones por este concepto.

Durante su mensaje en la cadena nacional, Fernández cuestionó que exmandatarios reciban pensiones cercanas a los ₡4 millones mensuales sin haber cotizado específicamente para ese beneficio y señaló que algunos comenzaron a cobrarlo desde edades tempranas.

Según los datos expuestos por la mandataria, José María Figueres comenzó a recibir la pensión a los 43 años y Rafael Ángel Calderón a los 45. Entre los montos acumulados mencionados destacan ₡972.009.856,54 para Rafael Ángel Calderón; ₡936.230.266,94 para José María Figueres Olsen; ₡906.357.441,81 para Miguel Ángel Rodríguez; ₡869.751.364,93 para Óscar Arias; y ₡578.149.777,41 para Laura Chinchilla.

Fernández sostuvo que estos recursos salen directamente del bolsillo de los contribuyentes y criticó que algunos expresidentes reciban simultáneamente dos o hasta tres pensiones.

La presidente contrastó estas cifras con las pensiones no contributivas que reciben miles de personas en condición de vulnerabilidad y aseguró que el actual sistema mantiene un privilegio que debe desaparecer.

Fernández también cuestionó el proyecto presentado anteriormente por el Frente Amplio y aseguró que, aunque plantea eliminar el régimen, permite que actuales beneficiarios conserven la pensión bajo determinadas condiciones económicas.

La propuesta del Ejecutivo, según explicó Fernández, busca que todas las pensiones especiales de expresidentes dejen de pagarse desde el momento en que la ley entre en vigencia, sin afectar únicamente lo ya recibido.

La mandataria recalcó que la medida también impediría que ella misma y Rodrigo Chaves accedan posteriormente a este beneficio y sostuvo que cada expresidente debería recibir únicamente la pensión correspondiente a las cotizaciones realizadas durante su vida laboral.

La presidente Laura Fernández viajará este lunes a la provincia de Limón para recorrer las comunidades afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones registradas durante el fin de semana.

La mandataria iniciará su gira en el albergue de Valle La Estrella, desde donde posteriormente se desplazará hacia otros sectores para supervisar la atención que reciben las familias damnificadas.

La visita se produce luego de un fin de semana marcado por inundaciones, deslizamientos, rescates, evacuaciones y cierres de carreteras asociados al paso de la onda tropical N.° 32. Hasta este domingo, 134 personas permanecían en albergues solamente en la provincia de Limón, mientras que en todo el país la cifra alcanzaba las 495 personas.

Los cuerpos de primera respuesta también han realizado múltiples rescates. La Cruz Roja reportó 65 personas rescatadas en sectores como Matina, Cariari de Pococí, Río Jiménez de Guácimo, Talamanca y Valle La Estrella.

La CNE mantiene alerta naranja para el Caribe, Zona Norte y Turrialba, mientras continúan los operativos de evacuación y atención de comunidades afectadas.

Las consecuencias de las lluvias también alcanzaron la red vial y el sistema educativo. La ruta 32 permaneció cerrada durante parte del fin de semana y fue reabierta este lunes a partir de las 6:00 a. m.; además, el MEP suspendió las lecciones en las direcciones regionales de Limón y Sulá, así como en 80 centros educativos de Guápiles.

En medio de esta situación, Fernández llegará a una de las zonas más golpeadas para verificar personalmente la atención de la emergencia.

Gilberth Bell Fernández, alias “Macho Coca”, abandonó Costa Rica quejándose de las condiciones que enfrentó durante su permanencia en Alta Contención.

Antes de ser extraditado, aseguró que había sufrido supuestas “torturas”, cuestionó la alimentación y atención médica que recibía e incluso afirmó que su salud mental se había deteriorado.

Sin embargo, el panorama penitenciario que podría encontrar en Nueva York está lejos de ser cómodo.

“Macho Coca” pasó de quejarse de supuestas torturas a ser requerido por la justicia estadounidense para enfrentar un proceso por presunto narcotráfico ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde podría entrar en una de las cárceles más temidas en suelo estadounidense.

Aunque todavía no se ha confirmado en qué centro permanecerá recluido, el estado de Nueva York cuenta con tres centros penitenciarios federales operativos principales bajo la Oficina Federal de Prisiones: MDC Brooklyn, FCI Otisville y FCI Ray Brook.

Entre ellos, el Metropolitan Detention Center de Brooklyn aparece como una posibilidad por su ubicación en la ciudad de Nueva York y su uso para mantener detenidos que deben comparecer ante tribunales federales en Manhattan. En ese mismo centro está recluido actualmente Nicolás Maduro, quien también enfrenta un proceso federal en Nueva York.

El contraste con las quejas de Bell Fernández en Costa Rica resulta particularmente llamativo por los antecedentes del MDC.

El centro penitenciario ha enfrentado durante años cuestionamientos por violencia, condiciones insalubres, problemas de calefacción y deficiencias en la atención de los reclusos. Abogados que han representado a personas recluidas allí han llegado a describir las condiciones como “el infierno en la tierra”.

Las condiciones pueden ser todavía más restrictivas para detenidos considerados de alto perfil o que requieren medidas especiales de seguridad. Expertos consultados por Reuters explicaron, por ejemplo, que Maduro podría permanecer hasta 23 horas diarias en su celda, con contacto limitado con otros internos y estricta vigilancia.

Antes de abandonar Costa Rica, “Macho Coca” describió Alta Contención como una “prisión de tortura”. Aseguró haber perdido 45 kilos, pasar periodos sin luz, recibir alimentación insuficiente y sufrir constantes interrupciones durante sus horas de sueño.

Ahora, Bell Fernández deberá enfrentar la justicia federal precisamente en Nueva York y podría terminar recluido temporalmente en el MDC de Brooklyn, aunque hasta el momento no existe confirmación pública de que ese sea el centro asignado para su detención.

De concretarse su ingreso, “Macho Coca” pasaría de denunciar las condiciones penitenciarias costarricenses a uno de los centros federales estadounidenses con mayor historial de cuestionamientos por sus duras condiciones, y al mismo complejo donde actualmente permanece Nicolás Maduro.

La propuesta del Gobierno para eliminar las pensiones de expresidentes desató críticas del Frente Amplio, cuyos diputados cuestionaron que la presidente Laura Fernández presentara un nuevo proyecto cuando esa agrupación ya tiene uno en trámite en la Asamblea Legislativa, el cuál fue rechazado.

Sin embargo, una revisión de ambos textos revela una diferencia sustancial: el proyecto frenteamplista permite que algunos expresidentes que ya reciben la pensión puedan conservarla, mientras el del Ejecutivo pretende eliminarla para todos.*

El diputado del Frente Amplio Edgardo Araya aseguró que la decisión de Fernández responde a la presión ejercida desde distintos sectores y cuestionó que el Ejecutivo quiera comenzar nuevamente el trámite legislativo.

El legislador incluso instó al Gobierno y al resto de fracciones a retomar el expediente presentado por el Frente Amplio y aprobarlo cuanto antes.

La diferencia está en las pensiones actuales

Aunque ambas propuestas buscan derogar el régimen especial de pensiones de expresidentes, no hacen lo mismo con quienes actualmente reciben el beneficio.

El expediente 24.793 del Frente Amplio elimina el régimen para futuros beneficiarios, pero establece condiciones especiales para quienes ya tienen otorgada la pensión. Estas personas podrían continuar recibiéndola si demuestran ingresos mensuales inferiores a tres salarios base y no son beneficiarias de una pensión del IVM, Magisterio Nacional o Poder Judicial.

El propio Frente Amplio reconoce en la justificación de su proyecto que jurisprudencia de la Sala Constitucional podría representar una limitación para eliminar pensiones ya otorgadas por tratarse de situaciones jurídicas consolidadas. Por eso, su propuesta opta por suspender el beneficio bajo determinadas condiciones, en lugar de eliminarlo automáticamente para todos los actuales pensionados.

El Ejecutivo sí plantea eliminar las que ya se pagan

El proyecto 25.703 del Gobierno toma otro camino. Su artículo primero establece expresamente que quienes actualmente sean beneficiarios de la pensión de expresidente “dejarán de percibirla” a partir de la entrada en vigencia de la ley.

Además, dispone que los exmandatarios únicamente podrán recibir las pensiones correspondientes a regímenes públicos a los que efectivamente hayan contribuido y siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

La iniciativa tampoco pretende recuperar los millones ya pagados. El propio texto señala que sus efectos serían hacia futuro: lo recibido hasta ahora se mantiene, pero los pagos posteriores a la entrada en vigencia se acabarían.

Laura Fernández y Rodrigo Chaves tampoco recibirían el beneficio

Los dos proyectos coinciden en algo: al derogar el régimen, quienes todavía no reciben esta pensión especial ya no podrían comenzar a cobrarla posteriormente.

Esto alcanzaría a la propia Laura Fernández, quien actualmente ejerce la Presidencia, y también tendría efectos sobre Rodrigo Chaves, quien aparece en los datos incluidos por el Ejecutivo con ₡0 recibidos por concepto de pensión de expresidente.

La diferencia está en los exmandatarios que sí la cobran actualmente. Mientras el Frente Amplio abre la posibilidad de que algunos continúen recibiéndola bajo determinadas condiciones, el Gobierno propone cortar también esas pensiones hacia futuro.

Por eso, pese al reclamo del Frente Amplio de que ya existe un proyecto y no es necesario comenzar “desde cero”, las dos iniciativas no tienen el mismo alcance ni producirían exactamente las mismas consecuencias para los actuales expresidentes pensionados.

La diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana, cuestionó el regreso del proyecto de jornadas 4x3 a la agenda legislativa y aseguró que “a nadie le interesa”, incluso al sector privado.

Lo que llama la atención es que el expediente 24.290 fue presentado en la legislatura anterior con la firma principal de María Daniela Rojas, entonces diputada del mismo Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). El proyecto también contó con el respaldo de legisladores de otras fracciones.

La posición contrasta con las declaraciones recientes del director ejecutivo de UCCAEP, Jorge Luis Araya, quien aseguró que el sector empresarial mantiene su respaldo a la iniciativa por su impacto en productividad, inversión y empleo. También el presidente de AZOFRAS, Ronald Lachner, calificó el proyecto como “fundamental” para las zonas francas y la atracción de inversión extranjera directa.

El expediente busca establecer jornadas excepcionales para actividades muy calificadas. El texto actualizado permitiría jornadas diurnas y mixtas de hasta 12 horas durante cuatro días consecutivos, con tres días libres; mientras que la modalidad nocturna contempla tres días de trabajo y cuatro libres.

La propuesta se limita a sectores específicos, como manufactura tecnificada, industria de dispositivos médicos, servicios de apoyo y operaciones corporativas continuas. Además, establece que el cambio a esta modalidad deberá ser voluntario y aceptado por escrito por cada trabajador.

Así, mientras Gordienko sostiene que el 4x3 perdió interés, sectores empresariales piden avanzar con un proyecto que, además, nació con impulso desde su propia agrupación política.

La Policía de Control Fiscal (PCF) decomisó 2,2 millones de cigarrillos durante un operativo realizado este domingo en Golfito, Zona Sur del país.

Según informó el Ministerio de Hacienda, el cargamento era transportado sin los documentos de respaldo ni los permisos sanitarios necesarios para su comercialización. Los cigarrillos tampoco contaban con las imágenes y advertencias sanitarias correspondientes.

Los productos fueron encontrados dentro de un vehículo de carga durante un operativo conjunto con la Policía de Fronteras y su Unidad Canina. Las autoridades detectaron una estructura de doble forro en el furgón, lo que llevó a realizar una revisión más exhaustiva y permitió localizar el cargamento.

El vehículo también fue incautado y el caso quedó a cargo de la Policía de Control Fiscal, en coordinación con el Ministerio Público.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, destacó el trabajo conjunto de los diferentes cuerpos policiales para combatir el contrabando y la evasión.

Con este nuevo decomiso, Hacienda reporta alrededor de 41 millones de unidades de cigarrillos incautadas en lo que va de 2026.

Enes Kanter Freedom y Royce White anunciaron que buscarán ingresar al draft de la WNBA de 2027 para poner a prueba los criterios de elegibilidad de la liga femenina en medio del debate sobre la participación de atletas transgénero.

Dos exjugadores de la NBA decidieron llevar a la práctica sus cuestionamientos sobre las reglas de elegibilidad de la WNBA, la principal liga profesional de baloncesto femenino de Estados Unidos.

Enes Kanter Freedom y Royce White anunciaron que buscarán ser elegibles para el draft de la WNBA de abril de 2027, argumentando que existe un vacío en las reglas de la competición respecto a la participación de atletas transgénero.

La iniciativa comenzó con Kanter, exjugador de equipos como Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks y Boston Celtics, quien aseguró haber revisado junto con su equipo los criterios de elegibilidad de la liga.

El exbasquetbolista, de 34 años, sostuvo que su intención es poner a prueba la aplicación de las reglas y no burlarse de ninguna comunidad.

La polémica aumentó después de que Royce White, exjugador de los Sacramento Kings y seleccionado en el draft de la NBA de 2012, anunciara que seguirá los pasos de Kanter.

Durante una intervención en Fox News, White afirmó explícitamente que se identifica como mujer para efectos de competir profesionalmente en baloncesto.

El exjugador incluso desafió públicamente a la WNBA a pronunciarse sobre su caso y advirtió que podría acudir a instancias legales si su eventual solicitud para participar es rechazada.

¿Qué dicen las reglas de la WNBA?

La controversia se centra en el convenio colectivo de la WNBA. Según el texto citado en las informaciones sobre el caso, el Artículo XIII establece que “solo las jugadoras que son mujeres son elegibles para jugar en la WNBA”.

Sin embargo, la disposición no desarrolla expresamente criterios específicos sobre la elegibilidad de atletas transgénero.

Precisamente ese punto es el que Kanter y White aseguran querer poner a prueba con sus anuncios, en momentos en que el deporte estadounidense mantiene un intenso debate sobre la participación de atletas trans en categorías femeninas.

La controversia también tomó fuerza recientemente por las declaraciones de Sophie Cunningham, jugadora de Indiana Fever, quien defendió que las mujeres biológicas compitan en igualdad de condiciones dentro del deporte profesional femenino.

Cunningham aseguró que busca “proteger a las niñas jóvenes” y sostuvo que su posición no responde a un sentimiento de odio hacia las personas transgénero.

Ahora, las declaraciones de Kanter y White agregan un nuevo capítulo al debate y colocan presión sobre la WNBA para aclarar cómo aplicaría sus reglas de elegibilidad ante una eventual solicitud de participación como las planteadas por ambos exjugadores.

La Universidad de Costa Rica anunció una inversión adicional de ₡514 millones para actualizar los beneficios económicos de las becas socioeconómicas de las categorías 4 y 5 durante el segundo ciclo lectivo del 2026.

Los recursos se destinarán a fortalecer apoyos como alimentación, residencias estudiantiles, reubicación geográfica y gastos de carrera, con el argumento de responder al aumento en el costo de vida y mejorar las condiciones de permanencia del estudiantado.

Sin embargo, al revisar el alcance de la inversión, el incremento promedio resulta considerablemente menor. Si los ₡514 millones se distribuyen entre las 21.089 personas que reciben becas de las categorías 4 y 5 durante los seis meses del segundo ciclo lectivo, el aumento equivale a aproximadamente ₡24.378 por estudiante en todo el semestre, es decir, cerca de ₡4.062 mensuales.

No obstante, la UCR aclara que el monto que recibirá cada estudiante dependerá de los beneficios específicos que tenga asignados, por lo que el incremento no será igual para todas las personas becarias.

El anuncio y el manejo de este aumento contraste luego de que meses atrás trascendiera que la Rectoría destinó ₡818.206 en gastos de alimentación en un restaurante, incluyendo un almuerzo de ₡573.000 para más de 25 personas durante una actividad internacional. El rector Carlos Araya defendió esos gastos al asegurar que correspondieron a actividades oficiales y que fueron ejecutados dentro del marco legal.

Para el 2026, la Universidad de Costa Rica destinó ₡41.398 millones al sistema de becas, cifra que representa alrededor del 11,1 % de su presupuesto institucional, superior a ₡373.000 millones.

Mientras la Universidad sostiene que el presupuesto para becas ha crecido de forma sostenida en los últimos años, el promedio del aumento anunciado para este semestre ha generado cuestionamientos sobre el impacto real que tendrá en la economía de las personas estudiantes con mayores necesidades.

El Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa reunió a diputados, organizaciones civiles, representantes religiosos y activistas provida para conmemorar el Día Nacional de la Vida Antes de Nacer.

La actividad fue promovida desde el despacho del diputado Gerald Bogantes y tuvo como eje la defensa de la vida desde la concepción, así como el respaldo a las madres, las familias y los niños por nacer.

Durante la apertura, Bogantes afirmó que la protección de la vida debe superar las diferencias políticas y convertirse en un punto de encuentro para la sociedad costarricense. “Hay cosas que hay que defender, hay cosas que nos deben unir, y el tema provida debe ser un tema esencial”, expresó ante los asistentes.

El legislador sostuvo que la defensa de la vida desde la concepción se encuentra respaldada por la Constitución Política, el Código Civil y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, insistió en que la legislación no es suficiente y llamó a los ciudadanos a participar activamente: “Debemos alzar la voz por los que no tienen voz”.

Bogantes también señaló que la defensa de la vida, la familia y los valores forma parte de los ejes de trabajo de su despacho. Según explicó, estas iniciativas se complementan con propuestas relacionadas con el empleo, la educación y la esperanza, además de proyectos de ley que pretende impulsar en favor de la familia y de los niños no nacidos.

En la actividad participaron representantes del Frente Nacional por la Vida, Médicos por la Vida, 40 Días por la Vida y otras organizaciones dedicadas a la protección de la niñez y al acompañamiento de mujeres. También se realizaron reflexiones religiosas y una oración en la que se pidió por la protección de las madres, las familias y los niños en gestación.

Durante el encuentro se recordó que el Día Nacional de la Vida Antes de Nacer fue establecido en Costa Rica mediante un decreto ejecutivo durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez. La fecha busca promover la reflexión sobre el valor de la vida antes del nacimiento y fomentar acciones de sensibilización en torno a la protección y dignidad de la vida humana.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez también participó mediante un mensaje grabado, en el que aseguró que Costa Rica posee una extensa tradición de defensa de la vida. “Somos una cultura de la vida”, afirmó al destacar que este principio se encuentra presente en la historia, la legislación y las creencias de gran parte de la población.

La Policía de Tránsito recordó que los conductores pueden girar a la derecha con el semáforo en rojo durante las 24 horas del día, siempre que no exista una señal que lo prohíba. Para hacerlo, es obligatorio detener el vehículo por completo y verificar que no estén cruzando o por cruzar peatones, ciclistas u otros vehículos con derecho de paso.

Las autoridades señalaron que esta maniobra, contemplada en la Ley de Tránsito, busca contribuir a una circulación más fluida en las vías. Según explicaron, muchos de los congestionamientos que se generan en las intersecciones obedecen a que algunos conductores permanecen detenidos aun cuando podrían realizar el giro de manera segura y legal.

Asimismo, recordaron que entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m. los semáforos funcionan como una señal de Alto. Esto significa que, tras detenerse completamente y comprobar que la vía está libre, los conductores pueden continuar directo, girar a la derecha o incluso a la izquierda, siempre que esta última maniobra esté permitida y no exista una señal que la restrinja.

La Policía de Tránsito hizo un llamado a aplicar correctamente estas disposiciones, respetando siempre la prioridad de peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía. El objetivo, indicaron, es mejorar la movilidad sin comprometer la seguridad vial.

El Gobierno de Costa Rica condenó enérgicamente el ataque ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el que un ciudadano costarricense resultó herido en un hecho que, según las autoridades, habría estado motivado por odio étnico y religioso.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto expresó su solidaridad con todas las personas afectadas y reiteró el rechazo del país a cualquier manifestación de odio, intolerancia o violencia.

Además, la institución confirmó que brindará el apoyo y la asistencia necesarios al compatriota, quien permanece bajo atención médica.

De acuerdo con información divulgada por medios internacionales, el hecho dejó dos personas heridas y es investigado por la Policía de Nueva York como un posible crimen de odio.

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del ataque y definir si el caso será procesado formalmente bajo esa figura penal. Mientras tanto, Costa Rica reiteró su respaldo al ciudadano afectado y a su familia, así como su condena a cualquier acto de violencia motivado por razones étnicas o religiosas.

La Policía Penitenciaria retiró 187 pantallas de televisión de las celdas de siete centros penales del país, como parte de las nuevas medidas impulsadas por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas.

Durante el operativo también se decomisaron 123 controles remotos y 20 cajas convertidoras. La intervención se desarrolló sin disturbios ni incidentes, según informó el Ministerio de Justicia y Paz.

Los centros intervenidos fueron el CAI San José, en San Sebastián, donde se retiraron 56 pantallas; el CAI Antonio Bastida de Paz, en Pérez Zeledón, con 39; y el CAI Carlos Luis Fallas, en Pococí, con 33.

También se retiraron 22 televisores del CAI Gerardo Rodríguez Echeverría, 15 del CAI Jorge Debravo, en Cartago, 13 del CAI Limón y nueve del CAI Luis Paulino Mora Mora.

La medida forma parte de la estrategia anunciada por Aguilar para fortalecer el orden, el control, la disciplina y la política de cero tolerancia con la corrupción dentro del sistema penitenciario.

El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, confirmó que las intervenciones continuarán en los demás centros penales hasta completar el retiro de los televisores ubicados en las celdas.

Las 187 pantallas permanecerán bajo resguardo institucional mientras el Ministerio de Justicia y Paz realiza una valoración técnica, administrativa y jurídica para definir el destino de cada equipo.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, anunció una intervención del sistema penitenciario mediante una nueva política basada en cuatro pilares: orden, control, disciplina y cero tolerancia con la corrupción.

La estrategia contempla ocho medidas de aplicación inmediata para recuperar la autoridad dentro de los centros penales, eliminar privilegios y combatir posibles vínculos con estructuras criminales.

Eliminación de visitas íntimas entre privados de libertad

Se eliminarán las visitas íntimas entre personas privadas de libertad, lo que también pondrá fin a los traslados entre centros penales para este propósito. La medida será oficializada mediante un decreto ejecutivo.

Además, una persona civil no podrá realizar visitas íntimas a más de un privado de libertad. Los funcionarios que autoricen o faciliten estas prácticas enfrentarán procedimientos disciplinarios.

Retiro de televisores

El ministro ordenó retirar inmediatamente todos los televisores ubicados en las celdas de los centros penitenciarios del país.

Reubicación de líderes de ámbitos

Los privados de libertad identificados como líderes de ámbitos, conocidos como “jachudos”, serán trasladados para romper las estructuras de poder que mantienen dentro de las cárceles.

Rotación de directores

Todos los directores de los centros penitenciarios serán rotados para evitar que permanezcan durante periodos prolongados en una misma administración.

Cambios en máxima seguridad

También se ordenó rotar y sustituir al personal penitenciario destacado en el ámbito de máxima seguridad del centro penitenciario La Reforma.

Investigación de funcionarios

Inteligencia Penitenciaria y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional analizarán estilos de vida, posibles enriquecimientos injustificados y conductas sospechosas de funcionarios.

Los hallazgos serán remitidos a las autoridades correspondientes para determinar posibles responsabilidades.

Funcionarios detenidos serán enviados al CACCO

Los funcionarios penitenciarios detenidos por introducir drogas, artículos ilícitos o colaborar con organizaciones criminales serán recluidos en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado.

La presidente Laura Fernández realizará una gira por Guanacaste del jueves 23 al sábado 25 de julio, como parte de las actividades oficiales por la conmemoración de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.

La agenda comenzará el jueves en Abangares, donde la mandataria participará en una actividad de inversiones del Inder, visitará una finca dedicada al cultivo de camarón y posteriormente recibirá un homenaje de la Cámara de Ganaderos de Liberia, organización con la que también sostendrá una reunión durante la noche.

Para el viernes, Fernández tiene prevista una visita a José Flores Flores, señalado en la agenda como la persona más longeva de Costa Rica. Además, participará en la inauguración de la escuela Matías Duarte Sotela, en Santa Cruz, y de la Delegación Policial de Nicoya.

Durante esa misma jornada, la presidente asistirá a la Feria de la Tortilla, a una monta de toros dedicada en su honor, al inicio del pasacalle en la iglesia Santo Cristo de Esquipulas y a la presentación de la Banda Nacional de Guanacaste.

La gira concluirá el sábado 25 de julio con la presentación de una ofrenda floral en el Monumento de la Anexión, en Nicoya, seguida de la sesión solemne del Concejo Municipal en la iglesia colonial San Blas.

Finalmente, Fernández encabezará la sesión solemne del Consejo de Gobierno en el parque Recaredo Briceño, como parte de los actos centrales por la incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica.

Costa Rica sería el país de América Latina con la remuneración más alta para los magistrados de su Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con un comparativo divulgado por la exdiputada Pilar Cisneros durante el programa No Mientas, el Show.

La información presentada ubica la remuneración bruta promedio estimada de un magistrado costarricense en $18.800 mensuales, equivalentes a aproximadamente ₡8,5 millones, bajo el régimen de salario compuesto.

El país aparece por encima de Chile, donde el ingreso mensual estimado alcanza los $16.160; Uruguay, con $15.670; Panamá, con $14.250; México, con $11.810; Brasil, con $10.280; y Colombia, con $8.860.

En el extremo contrario del comparativo se encuentra El Salvador, con una remuneración estimada de $1.750 mensuales. Esto significa que el monto atribuido a los magistrados costarricenses supera en más de diez veces la cifra presentada para ese país centroamericano, con una diferencia aproximada de $17.050 por mes.

La gráfica también señala que el salario global oficial establecido para los nuevos nombramientos de magistrados en Costa Rica durante 2026 es de aproximadamente ₡4,86 millones, equivalentes a cerca de $10.700 mensuales.

Sin embargo, para efectos de la comparación internacional se utilizó una estimación de lo que percibirían magistrados actuales bajo el régimen de salario compuesto, que incluye anualidades y otros componentes salariales históricos.

La publicación aclara que los $18.800 no corresponden a una planilla oficial promedio del Poder Judicial, sino a una estimación elaborada a partir de información pública disponible.

Para convertir las cifras a dólares se utilizó como referencia un tipo de cambio de ₡453 por dólar, correspondiente a julio de 2026 y basado en información del Banco Central de Costa Rica.

El comparativo advierte, además, que las cifras de los demás países también corresponden a estimaciones de remuneraciones brutas para integrantes de altas cortes, por lo que pueden variar dependiendo de bonos, antigüedad y otros beneficios propios de cada sistema judicial.
_{Fuentes: No Mientas el Show, Comparativo: Poder Judicial de Costa Rica (Escala de Salario Global Definitiva 2026), Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, datos públicos sobre remuneraciones de magistrados publicados por CRHoy y Delfino sobre salario compuesto, y conversión a dólares utilizando el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica.}

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, calificó como un “verdadero fracaso” la reunión privada que sostuvo con el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez.

Chaves dio las declaraciones tras reunirse este lunes en la Asamblea Legislativa con la bancada oficialista de Pueblo Soberano. Según explicó, el encuentro con los diputados no estuvo enfocado en estrategia legislativa, sino en la coordinación de temas operativos y en el avance de proyectos prioritarios para el Poder Ejecutivo.

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La presidenta Laura Fernández reveló que ella y varios integrantes de su equipo han recibido amenazas contra su integridad física, algunas relacionadas incluso con posibles ataques de francotiradores. Según explicó, las alertas se originaron principalmente en informes de inteligencia policial y penitenciaria.

Fernández indicó que las amenazas también involucran al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos; al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; y a Rodrigo Chaves. Todos los casos, afirmó, fueron remitidos al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes.

La mandataria anunció que solicitarán por escrito al Poder Judicial información sobre el avance de estas causas. Además, advirtió sobre posibles filtraciones relacionadas con allanamientos y aseguró que el Ejecutivo investiga eventuales vínculos de funcionarios policiales y migratorios con estructuras del crimen organizado.

El Ministerio de Educación Pública inició la implementación de la Ley N.° 10777, una normativa que podría beneficiar con nombramientos en propiedad a cerca de 16 mil personas funcionarias que actualmente laboran de manera interina en el sistema educativo.

La medida está dirigida a personal propiamente docente, administrativo-docente y técnico-docente que acumule dos o más años de servicio continuo e ininterrumpido en plazas vacantes. Entre los posibles beneficiarios se encuentran docentes, directores, subdirectores, asistentes, orientadores, bibliotecólogos, supervisores y asesores.

Como parte del proceso, del 17 de agosto al 21 de septiembre de 2026 se habilitará el registro para que las personas interesadas manifiesten formalmente su intención de participar. El MEP comunicará oportunamente los canales oficiales y la documentación que deberá presentarse.

La institución aclaró que los nombramientos actuales no se verán afectados mientras se resuelven los expedientes y se desarrollan otros concursos, ascensos, traslados o procesos internos. Cada caso será sometido a una revisión de requisitos legales, académicos y laborales.

Las personas que no estén incluidas en un registro de elegibles vigente deberán realizar una prueba de competencias durante el último trimestre del año. Posteriormente, se emitirán las resoluciones administrativas correspondientes para determinar quiénes cumplen con la totalidad de los requisitos.

El MEP aseguró que el procedimiento se ejecutará bajo los principios de legalidad, mérito e idoneidad comprobada, con el objetivo de brindar mayor estabilidad laboral y agilizar los nombramientos dentro del sistema educativo público.