De 14, a 15 años. El diputado Eder Hernández presentó esta semana el expediente 25.805 como su segundo proyecto de ley, una iniciativa con la que busca prohibir el acceso y la creación de cuentas en redes sociales a menores de 15 años. Sin embargo, una propuesta legislativa anterior ya había planteado prácticamente el mismo debate: impedir que menores de edad accedan libremente a este tipo de plataformas.

El expediente 25.336, presentado por la entonces diputada María Marta Carballo, establece que las personas menores de 14 años no podrán crear ni utilizar cuentas en plataformas con interacción social.

Pero el proyecto anterior no solamente contemplaba una prohibición por edad. La iniciativa de Carballo también establecía requisitos para adolescentes entre los 14 y 18 años, como verificación obligatoria de edad y autorización expresa de padres o encargados legales.

Además, el expediente 25.336 contiene regulaciones que incluso van más allá de lo planteado por Hernández: obliga a las plataformas a desactivar por defecto mecanismos considerados adictivos, como el scroll infinito y el autoplay, limita determinados sistemas de recomendación, plantea herramientas de supervisión parental y regula videojuegos con funciones sociales y servicios de inteligencia artificial dirigidos a menores.

Eder agrega un impuesto cercano a ₡40 millones

El proyecto de Hernández sí incorpora elementos que no aparecen en la iniciativa anterior.

Uno es la creación de un impuesto anual de 100 salarios base para las empresas propietarias de redes sociales que operen en Costa Rica, cifra que el diputado estima cercana a los ₡40 millones por plataforma.

El texto incluso establece que, si una empresa incumple con el pago, podría ordenarse el bloqueo de la red social en Costa Rica.

También existen diferencias en la forma de comprobar la edad. Mientras el proyecto de Carballo exige la Tarjeta de Identidad de Menores para determinadas cuentas de adolescentes, Hernández propone evitar, como regla general, que documentos gubernamentales sean utilizados como principal mecanismo de verificación y plantea opciones menos invasivas para la privacidad.

Una discusión que ya estaba en la Asamblea

Hernández justificó su proyecto señalando riesgos como ansiedad, bullying y depresión asociados al uso de redes sociales y aseguró que la iniciativa busca proteger a niños y adolescentes.

Sin embargo, la discusión sobre establecer una edad mínima para redes sociales no comenzó con el expediente 25.805. El proyecto 25.336 ya planteaba una restricción prácticamente sobre el mismo núcleo: impedir cuentas a menores, exigir verificación de edad y responsabilizar a las plataformas por el cumplimiento.

Así, aunque el expediente de Hernández incorpora un impuesto, modifica el sistema de verificación y presenta otras diferencias técnicas, su principal bandera —establecer una edad mínima para utilizar redes sociales— ya estaba contenida en un proyecto anterior. La diferencia concreta en ese límite: Carballo propuso 14 años; Hernández, 15.

La discusión sobre el futuro del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón, sede histórica del Instituto Costarricense de Electricidad en Sabana Norte, sumó un nuevo capítulo. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica se pronunció en contra de su demolición y pidió que antes de tomar una decisión irreversible se analicen de manera integral las distintas alternativas de intervención.

La posición de la UCR parte del valor arquitectónico, histórico, urbano y cultural que atribuye al inmueble, construido entre 1969 y 1972. La Escuela sostiene que, aunque el edificio no tenga una declaratoria formal de patrimonio histórico-arquitectónico, eso no elimina su importancia dentro de la arquitectura estatal costarricense ni su presencia como referente del paisaje de La Sabana.

Sin embargo, los estudios presentados por el propio ICE muestran un panorama complejo. Un análisis estructural elaborado en 2021 determinó que el edificio, construido hace más de 50 años bajo criterios sísmicos distintos a los actuales, requiere una intervención estructural de gran magnitud y que ante un terremoto fuerte podría sufrir daños importantes y no ofrecer las condiciones adecuadas de seguridad humana.

Ese diagnóstico fue posteriormente revisado por FSA Ingeniería & Arquitectura en 2023. El estudio independiente confirmó que la estructura no cumple con las normas sísmicas actuales y advirtió que reforzarla requeriría una obra extensa, invasiva y técnicamente compleja, incluso en sus cimientos.

A esto se suma el costo. Cifras preliminares del ICE estiman que reforzar y adecuar el edificio costaría 127 millones de dólares, mientras que demolerlo y construir una nueva sede tendría un costo aproximado de 108 millones de dólares. La diferencia entre ambas alternativas sería de 19 millones de dólares.

El ICE reconoce que ambas opciones son técnicamente viables, pero su estudio de prefactibilidad advierte que la readecuación tendría una alta incertidumbre sobre sus costos finales. En contraste, una nueva construcción permitiría cumplir con las normas actuales e incorporar mayor capacidad, tecnología y eficiencia energética.

La Escuela de Arquitectura no desconoce los problemas estructurales señalados por el ICE. De hecho, en su pronunciamiento admite la existencia de vulnerabilidades y reconoce que un eventual reforzamiento obligaría a desocupar completamente el inmueble. Su posición, sin embargo, es que esos elementos no bastan por sí solos para descartar la rehabilitación y que debe demostrarse, mediante un análisis exhaustivo, que la demolición constituye la mejor alternativa.

Mientras tanto, el Consejo Directivo del ICE decidió avanzar con el estudio de factibilidad para construir una nueva sede en el mismo terreno. Esa etapa todavía deberá definir el diseño, costo definitivo, cronograma, financiamiento y condiciones de ejecución del proyecto.

La Asamblea Legislativa se convirtió este viernes en escenario de una jornada distinta. Diputados, líderes cristianos, pastores e invitados se reunieron para conmemorar el Día de la Biblia, en una actividad impulsada por el diputado Gerald Bogantes.

Durante el encuentro, varios de los participantes coincidieron en destacar la Biblia como una guía para la vida personal, el servicio público y la toma de decisiones. Bogantes recordó que creció en un hogar donde la fe y la palabra de Dios estuvieron presentes desde pequeño y defendió la importancia de mantener esas convicciones también desde una curul.

La actividad también contó con la participación del apóstol Iván Vindas, quien destacó la importancia de que los distintos poderes de la República busquen de Dios y conduzcan sus decisiones bajo principios y valores. Desde la Federación Alianza Evangélica Costarricense, Mildred Acevedo también resaltó la importancia de abrir espacios de reflexión sobre la fe dentro de la vida pública.

La presidente de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, aseguró que ocupar un cargo público no debe entenderse como una cuestión de poder, sino de servicio. Durante su intervención también afirmó que antes de tomar decisiones consulta a Dios y sostuvo que la oración le da fortaleza para enfrentar las responsabilidades de su puesto.

La presidente Laura Fernández también participó en la conmemoración y habló abiertamente sobre el papel que tiene la fe en su vida. Aseguró que diariamente pide a Dios discernimiento, valentía, fuerza y humildad, y definió la Biblia como un libro de sabiduría, de consulta y hasta como una guía para ejercer la Presidencia.

Entre mensajes, oraciones y presentaciones, la jornada dejó como eje común la defensa de la fe y de los valores cristianos como parte de la vida pública de quienes participaron en la actividad.

¿Cómo afecta que Armonización Eléctrica no se apruebe en materia de empleos?

Representantes del sector empresarial, distribuidor y generador de energía hicieron un llamado a los diputados para aprobar el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional y advirtieron sobre las posibles consecuencias para la generación de empleo si Costa Rica no logra garantizar energía suficiente y a precios competitivos.

El sector sostiene que la disponibilidad y el costo de la electricidad son factores determinantes para atraer inversiones, mantener la competitividad de las empresas y crear nuevas fuentes de trabajo.

El llamado fue respaldado por UCCAEP, CICR, CEDET, ACOPE y AZOFRAS, organizaciones que solicitaron avanzar con el expediente 23.414. Los representantes señalaron que la discusión lleva varios años y pidieron a las fracciones legislativas alcanzar los votos necesarios para su aprobación.

Las cámaras empresariales consideran que la reforma permitiría establecer un marco de largo plazo para incorporar nueva generación e infraestructura eléctrica, ante un escenario en el que advierten que la demanda continúa creciendo y el país no está sumando generación al ritmo requerido.

Representantes del sector empresarial, distribuidor y generador de energía hicieron un llamado a los diputados para aprobar en segundo debate el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente 23.414, al considerar que Costa Rica necesita aumentar su capacidad de generación eléctrica para enfrentar las necesidades actuales y futuras del país.

La solicitud fue respaldada por UCCAEP, la Cámara de Industrias de Costa Rica, CEDET, ACOPE y AZOFRAS, organizaciones que coincidieron en la necesidad de contar con un sistema eléctrico moderno, eficiente y competitivo que permita responder al crecimiento de la demanda, atraer inversión y sostener la generación de empleo.

Durante la conferencia, representantes del sector advirtieron que la energía eléctrica se ha convertido en un elemento determinante para la competitividad nacional. Señalaron que el país requiere incorporar nueva generación de manera sostenida y que retrasar estas decisiones podría tener consecuencias sobre los costos de operación, la inversión y las oportunidades de empleo.

Desde CEDET, su presidente Erick Rojas defendió la continuidad del proyecto en la corriente legislativa y aseguró que la propuesta no pretende debilitar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sino fortalecerlo junto con las demás empresas públicas que participan en el sistema eléctrico.

Por su parte, Gerardo Coto, Vicepresidente de AZOFRAS señalo que las condiciones económicas y tecnológicas han cambiado y que los modelos que permitieron al país desarrollarse durante décadas deben evolucionar para responder a las nuevas necesidades

Las organizaciones también aseguraron que la discusión de la reforma lleva varios años y reiteraron su disposición a dialogar con las distintas fracciones legislativas para conseguir los votos necesarios. El comunicado conjunto sostiene que el expediente permitiría establecer reglas claras, seguridad jurídica y una visión de largo plazo para incorporar nueva generación e infraestructura eléctrica.

El sector empresarial y energético insistió en que la decisión debe tomarse con una visión de futuro y pidió a los diputados avanzar con la iniciativa, al considerar que disponer de energía suficiente, confiable y competitiva será clave para el crecimiento económico y productivo de Costa Rica durante las próximas décadas.

Desde 1974, es decir, hace 52 años, el Liceo de Costa Rica tiene un terreno que no usa, y por el cual, hoy estudiantes de la institución protestaron en la Asamblea Legislativa para evitar la construcción de Ciudad Gobierno en dicho lugar.

Sebastián Barquero, estudiante del Liceo de Costa Rica, expresó que ellos quieren explicaciones del por qué se quiere construir Ciudad Gobierno en ese lugar, existiendo otros lugares en todo San José.

“Nosotros no estamos en contra de Ciudad Gobierno, lo que queremos es que nos expliquen porque San José siendo tan amplio, porque tienen que utilizar esa manzana”, dijo.

La propuesta que existe consiste en la derogación de la ley que le destinaba ese terreno al Liceo de Costa Rica, que lleva más de 50 años sin usar, para ser destinado al megaproyecto de Ciudad Gobierno que albergaría a varias instituciones públicas en un mismo lugar y que ahorraría al país $23 millones de dólares al año según presidencia.

Dos funcionarios de alto nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), vinculados como testigos al caso Barrenador y críticos de actuaciones del Gobierno de Rodrigo Chaves, fueron denunciados por el farmacéutico Franklin Binns por el presunto uso de medicamentos con defectos de calidad y por supuesto acoso laboral.

La denuncia señala a Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, y Adriana Chaves Díaz, directora de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, ambos funcionarios han rendido declaración como testigos dentro del caso Barrenador al Ministerio Público, incluso en la Asamblea Legislativa.

La doctora Lynette Caravaca Villegas, del Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos de la CCSS, también figura en la denuncia, pero no tiene relación con el caso Barrenador.

Según el denunciante, el conflicto se originó en 2025, cuando el Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos (LNCM) detectó el incumplimiento en el volumen de las ampollas. Binns se opuso a la liberación del producto y posteriormente acudió a la Sala Constitucional. La CCSS, por su parte, defendió la utilización excepcional de los lotes ante el riesgo de desabastecimiento.

El farmacéutico sostiene que, después de sus objeciones técnicas, fue trasladado de su puesto y posteriormente sometido a un procedimiento disciplinario por supuestas faltas de confidencialidad e imparcialidad, actuaciones que califica como hostigamiento laboral.

El farmacéutico se oponía a la liberación de los lotes de diclofenaco inyectable porque las pruebas realizadas por el Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos (LNCM) detectaron que las ampollas contenían un volumen inferior al indicado en su etiquetado.

El farmacéutico llevará su denuncia ante las autoridades judiciales y laborales, donde solicitará el cese del supuesto hostigamiento y el archivo del proceso disciplinario. Sostiene que su caso evidencia la necesidad de fortalecer los controles de calidad de los medicamentos adquiridos por la CCSS y garantizar que los profesionales puedan denunciar posibles irregularidades sin temor a represalias.

La presidente Laura Fernández presentó los principales proyectos con los que la Caja Costarricense de Seguro Social busca ampliar y modernizar su infraestructura en los próximos años.

El plan contempla una inversión de ₡1,2 billones para hospitales, áreas de salud, EBAIS y nueva tecnología en diferentes puntos del país.

Durante la cadena nacional, Fernández hizo un recuento de las obras desarrolladas desde 2022 y aseguró que su administración mantendrá la continuidad de los proyectos. Entre los centros que destacó están los nuevos hospitales Monseñor Sanabria, en Puntarenas, y William Allen Taylor, en Turrialba, además de las áreas de salud de La Fortuna, Aguas Zarcas, La Unión de Cartago y Carrillo.

Pero una parte importante del anuncio estuvo centrada en lo que todavía está por venir. En Cartago, Fernández confirmó que el nuevo hospital continuará adelante y fijó junio de 2027 como la fecha prevista para iniciar el movimiento de tierras.

La inversión también contempla proyectos en otras provincias. Para Limón se mencionaron obras en el Hospital Tony Facio y una nueva área de salud en Talamanca. En Alajuela figuran una nueva área de salud en Barrio San José, el proyecto de Orotina-San Mateo y la ampliación del Hospital San Rafael.

En Puntarenas se contemplan nuevas áreas de salud en Cóbano y Garabito; Guanacaste tendrá un proyecto en Nicoya, mientras que en Heredia se desarrollan anteproyectos para ampliar la infraestructura sanitaria.

San José concentra algunos de los proyectos hospitalarios de mayor tamaño. Entre ellos se encuentra la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños, además de torres especializadas para los hospitales Calderón Guardia, San Juan de Dios y México.

El plan no se limita a construir nuevos edificios. Fernández señaló que también se renovará tecnología utilizada por los profesionales de la CCSS para diagnosticar y atender pacientes, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Fernández cerró la cadena defendiendo la continuidad de las inversiones y asegurando que el objetivo es que el acceso a los servicios no dependa de la zona del país donde viva una persona.

La solidaridad volverá a ser protagonista con la III Edición de la Torretón de la Alegría, organizada por la Asociación Obras del Espíritu Santo.

Este año, la iniciativa se propone recaudar ₡700 millones para avanzar con la construcción de la segunda torre de los Albergues Juveniles de la Alegría “Torres Espíritu Santo”, un espacio que brindará atención integral a 372 mujeres en condición de alto riesgo social, entre ellas jóvenes madres y mujeres embarazadas.

Bajo el lema “Yo dono por las Torres”, la Torretón se realizará el sábado 26 de septiembre, de 12:00 m. d. a 7:00 p. m., en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo 2. La jornada será de entrada gratuita y combinará música, entretenimiento y solidaridad, con artistas nacionales como Los Ajenos, La Kuarta, Colectivo Manteca, Escats, Vanessa González, Erick Sánchez y otras agrupaciones.

El padre Sergio Valverde, presidente de la Asociación Obras del Espíritu Santo, agradeció el respaldo de empresas, instituciones y personas que ya se han unido al proyecto, e hizo un llamado a sumar esfuerzos para alcanzar la meta. El Banco Nacional participará como aliado estratégico de esta tercera edición.

Las personas que quieran apoyar pueden realizar sus donaciones mediante SINPE Móvil al 8457-2024 o 8457-2025. Las entradas gratuitas estarán disponibles en las sedes de Obras del Espíritu Santo en Barrio Cristo Rey, en los Supermercados Gallo Pinto de la Alegría y el mismo día de la actividad en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde.

Tras rechazar una propuesta que había sido impulsada por ellos mismos, el PLN volvió a presentar un proyecto para modernizar el sistema eléctrico del país.

El antecedente se remonta a la legislatura pasada, cuando una moción promovida por Liberación Nacional fue aprobada e incorporada al proyecto de armonización eléctrica que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, posteriormente la fracción verdiblanca terminó votando en contra de esa misma propuesta.

Ahora, el Partido Liberación Nacional presentó este lunes un nuevo paquete de proyectos con el que busca impulsar cambios en el sistema eléctrico costarricense. La iniciativa recibió de inmediato el rechazo del Partido Pueblo Soberano, que aseguró que no dará sus votos al nuevo texto.

La principal propuesta corresponde a la Ley de Seguridad Energética y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional, con la que el PLN plantea utilizar primero la energía de menor costo disponible, independientemente de si proviene del ICE, cooperativas, empresas municipales o generadores privados autorizados. También establece que el abastecimiento nacional tenga prioridad sobre las exportaciones de electricidad.

El paquete presentado incluye además reformas para fortalecer a la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), así como la creación del Fondo Nacional de Solidaridad del Servicio de Electricidad (FONASSEL), cuyo objetivo es ampliar la cobertura del servicio eléctrico en diferentes zonas del país.

Entre las medidas de la iniciativa principal también se encuentra un Programa Nacional de Ahorro Energético y Protección Tarifaria, que permitiría otorgar incentivos a hogares, empresas e instituciones que reduzcan su consumo durante períodos críticos. Además, propone facilitar el autoconsumo residencial mediante fuentes renovables.

En el caso de viviendas que produzcan su propia electricidad mediante paneles solares u otras fuentes renovables, el proyecto establece una exención de tarifas, cánones, peajes, cargos de acceso, respaldo y otras cargas económicas directamente relacionadas con la energía generada y consumida dentro del inmueble.

Sin embargo, el diputado Juan Manuel Quesada, del PPSO, descartó que su fracción vaya a respaldar la propuesta y lanzó fuertes críticas contra el texto presentado por Liberación Nacional.

El legislador aseguró que su bancada “no va a pronunciarse favorablemente” sobre la iniciativa y llegó a calificarla de “mamarracho”. A su criterio, el proyecto del PLN busca servir como una alternativa para justificar el rechazo al proyecto de armonización del sistema eléctrico impulsado por el Gobierno.

Quesada también acusó al PLN de pretender mantener el actual modelo del sector. “Con este proyecto de ley que ha presentado Liberación se quitan la careta; realmente es una cortina de humo de las razones por las cuales no quieren apoyar la ley de armonización”, manifestó.

El diputado cuestionó además los nuevos cánones contemplados en la propuesta liberacionista y sostuvo que estos terminarían encareciendo la electricidad, pese a que el PLN plantea medidas dirigidas a reducir costos y proteger las tarifas.

El nuevo paquete entra así en medio de una discusión que ya enfrenta a las distintas bancadas sobre cuál debe ser el modelo para modernizar el mercado eléctrico costarricense. Mientras el PLN plantea su propia ruta, el PPSO adelantó que no acompañará la propuesta y mantendrá su respaldo al proyecto de armonización eléctrica promovido por el Gobierno.

La presidente Laura Fernández anunció que el recorte previsto para el presupuesto del Poder Judicial en 2027 será finalmente de ₡11 mil millones y no de ₡27 mil millones, como había planteado inicialmente el Ministerio de Hacienda.

Durante su mensaje, Fernández aseguró que instruyó a Hacienda para disminuir el monto del ajuste, por lo que el recorte representará aproximadamente un 2% del presupuesto judicial. La mandataria sostuvo que su Gobierno asumirá la diferencia, pero condicionó el manejo de los recursos a una mayor rendición de cuentas.

El anuncio ocurre en medio de las diferencias entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia por el presupuesto para 2027. Autoridades judiciales han advertido sobre las consecuencias que una reducción de recursos podría tener para el funcionamiento de la institución y particularmente para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Fernández rechazó esos señalamientos y afirmó que no permitirá que se responsabilice a su administración por problemas que, según sostuvo, existen desde años atrás.

La presidente también aseguró que estarán garantizados los recursos destinados a la seguridad de los funcionarios judiciales, entre ellos los necesarios para adquirir armas y chalecos antibalas.

Además, cuestionó algunos gastos del Poder Judicial, entre ellos el alquiler del edificio donde funciona la Sala Constitucional. Según los datos expuestos por Fernández, el costo pasó de $102 mil mensuales en 2017 a $122 mil mensuales desde 2024, pese a que, afirmó, únicamente un 20% de los empleados utiliza el inmueble.

Fernández insistió en que los jerarcas judiciales deberán explicar cómo utilizan los recursos públicos y adelantó que el Gobierno liberará recursos en tractos, sujetos al cumplimiento de una serie de condiciones.

La diputada Kattia Calvo rechazó las acusaciones relacionadas con su paso por la Municipalidad de San José y aseguró que los señalamientos que enfrentó fueron parte de una serie de acciones que, según denuncia, fueron orquestadas por el exalcalde Johnny Araya.

Calvo afirmó que durante 12 años de trabajo no tuvo ningún expediente disciplinario, pero posteriormente se abrieron 12 procesos en su contra. Además, negó las acusaciones sobre supuesto contenido pornográfico y sobre utilizar su horario laboral para impartir lecciones, y sostuvo que estas no pudieron ser demostradas durante el proceso.

La legisladora vinculó lo ocurrido con su actuación ante situaciones que consideraba irregulares dentro de la Municipalidad, entre ellas casos relacionados con denuncias de acoso sexual.

Según Calvo, al no lograrse demostrar las acusaciones, finalmente fue despedida sin responsabilidad patronal bajo el argumento de una supuesta “pérdida de confianza”.

El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, impulsa el expediente 25.773, una iniciativa que permitiría al Ministerio Público solicitar el congelamiento, inmovilización registral o secuestro preventivo de bienes antes de presentar una denuncia formal por incremento de capital sin causa lícita aparente.

El proyecto contempla que estas medidas puedan adoptarse sin audiencia previa, bajo el argumento de evitar que los bienes sean ocultados, vendidos o trasladados. La Fiscalía tendría posteriormente un plazo máximo de un mes para presentar la denuncia de fondo; de no hacerlo, la medida cautelar caducaría automáticamente.

La propuesta retoma el expediente 22.834, que llegó a segundo debate en octubre de 2025, pero fue rechazado por la Asamblea Legislativa. Durante su trámite, la Sala Constitucional señaló vicios de inconstitucionalidad en una de sus disposiciones por afectar el derecho de defensa y el debido proceso. Villalta asegura que el nuevo proyecto incorpora cambios para atender esos señalamientos.

La iniciativa abre ahora un debate sobre los límites del poder estatal para afectar la propiedad privada. La lucha contra el crimen organizado no está en discusión; el punto sensible es si resulta conveniente permitir que bienes sean congelados antes de una denuncia formal y sin audiencia previa.

El proyecto deberá demostrar que los nuevos controles son suficientes para evitar abusos y garantizar efectivamente el derecho de defensa y la protección constitucional de la propiedad.

Diputaciones de fe evangélica realizaron su primera rendición de cuentas ante la comunidad evangélica, en una actividad desarrollada en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa como parte del Foro Mi País.

El encuentro reunió a pastores, representantes de la Federación Alianza Evangélica Costarricense y figuras del oficialismo, entre ellas los diputados Nogui Acosta, Gerald Bogantes, Yara Jiménez, Cindy Blanco y Kattia Mora, además del vicepresidente de la República, Francisco Gamboa.

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Las decisiones tomadas por los tribunales en los últimos días vuelven a poner bajo la lupa la actuación del sistema judicial costarricense y abren una interrogante: ¿se está aplicando la justicia con el mismo criterio para todos? El contraste surge entre la condena contra Yendry Quirós, conocida como “La Colocha”, el avance del expediente relacionado con Jimena Rueda y las recientes liberaciones de funcionarios judiciales investigados por presuntos favorecimientos vinculados con el entorno de alias “Diablo”.

Esta semana, Yendry Quirós fue condenada a un mes de prisión por el delito de amenazas contra el exdiputado del Frente Amplio Ariel Robles, por hechos ocurridos durante una manifestación frente a la Asamblea Legislativa en junio de 2023. Aunque recibió el beneficio de ejecución condicional de la pena y, por tanto, no irá a prisión, el fallo la declaró culpable luego de enfrentar un segundo juicio.

Quirós había sido absuelta en marzo de 2025; sin embargo, aquella sentencia fue anulada después de una apelación y se ordenó realizar un nuevo debate ante otro tribunal. En esta segunda ocasión, la Fiscalía solicitó tres meses de cárcel y finalmente se estableció una pena de un mes.

El caso contrasta con el expediente relacionado con Jimena Rueda Ledezma, hija del magistrado de la Sala Constitucional Paul Rueda. La investigación se originó después de que, en mayo de 2024, Rueda compartiera en redes sociales una publicación relacionada con el entonces presidente Rodrigo Chaves acompañada de la expresión “ya esto amerita un francotirador”.

A raíz de aquella publicación se abrió una causa penal y Chaves declaró posteriormente como ofendido. Sin embargo, el expediente ha permanecido en etapa de investigación. Esta semana, la presidente Laura Fernández utilizó precisamente ambos casos para cuestionar los tiempos del sistema judicial y aseguró que, a diferencia de Quirós, Jimena Rueda ni siquiera habría sido indagada hasta ahora.

Pero el debate tomó todavía más fuerza durante la madrugada de este jueves, después de conocerse las medidas cautelares impuestas a dos jueces y una funcionaria judicial detenidos en Pococí, investigados por presuntos favorecimientos relacionados con personas del entorno de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública resolvió que los tres pueden enfrentar el proceso en libertad, aunque deberán cumplir varias restricciones: firmar cada 15 días, mantener un domicilio fijo, no salir del país y permanecer suspendidos de sus cargos durante seis meses. Tampoco podrán acercarse a los Tribunales de Pococí ni comunicarse con personas que trabajan en los despachos donde desempeñaban sus funciones.

La investigación contra los funcionarios judiciales ha generado especial atención debido a la gravedad de las sospechas que dieron origen a las detenciones. El Ministerio Público investiga posibles actuaciones destinadas a favorecer a personas relacionadas con el entorno de alias “Diablo”; no obstante, estas imputaciones se encuentran todavía bajo investigación y no existe una condena contra los funcionarios.

A la lista se suma la hermana de alias “Diablo”, una mujer de apellido Arias que también fue detenida en Pococí dentro de la investigación. Pasada la medianoche, el mismo juzgado resolvió dejarla en libertad sin imponerle medidas cautelares.

El Ministerio Público había solicitado medidas más severas en parte de estos casos y apeló la resolución, por lo que corresponderá a una instancia superior determinar si mantiene o modifica lo dispuesto por el juzgado.

El panorama deja así resoluciones muy diferentes en casos que han generado una amplia discusión pública: Yendry Quirós pasó por dos juicios y terminó condenada por amenazas contra un entonces diputado; el expediente relacionado con la expresión publicada por Jimena Rueda continúa en investigación más de dos años después; y los funcionarios judiciales y la hermana de alias “Diablo” recientemente detenidos enfrentarán, por ahora, sus procesos en libertad.

Entre las distintas propuestas editoriales presentes en la Feria Internacional del Libro también se abrió espacio para la literatura cristiana. Everything Faith, una librería ubicada en Heredia, participa este año con una selección de Biblias, libros y materiales dirigidos a lectores de diferentes edades.

María José, gerente de Everything Faith, explicó que la presencia en la feria permite acercar este tipo de contenido a personas interesadas en temas de fe, formación cristiana y lectura familiar. La propuesta incluye Biblias en versiones como Reina Valera, Nueva Traducción Viviente y Nueva Versión Internacional.

Además de las Biblias, el espacio cuenta con literatura cristiana, material infantil y publicaciones pensadas para quienes buscan profundizar en temas relacionados con la espiritualidad y la enseñanza de valores desde una perspectiva cristiana.

La participación de Everything Faith forma parte de la diversidad de contenidos que reúne la Feria Internacional del Libro, donde conviven propuestas de distintos géneros, públicos y enfoques. En este caso, la librería busca representar a un sector de lectores que también encuentra en la literatura una forma de fortalecer y compartir su fe.

Everything Faith permanecerá en los stands B29-B30 hasta el 30 de agosto. Fuera de la feria, la librería mantiene su sede en el centro de Heredia y también realiza envíos a distintas partes del país.

Las personas interesadas en conocer más sobre su catálogo pueden consultar www.everythingfaith.com o comunicarse al 8849-4900.

El canciller Manuel Tovar recibió este domingo el Premio Jerusalén, otorgado por la Organización Sionista Mundial, en una ceremonia realizada en el Centro Comunitario Judío de Costa Rica. El reconocimiento destacó su amistad con el Estado de Israel y el pueblo judío, así como su trabajo para fortalecer las relaciones entre ambos países.

Durante el acto también se le entregó un certificado del KKL-JNF que acredita la plantación de 18 árboles en su honor en Israel, un gesto simbólico que acompañó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Tovar aseguró que su relación con el pueblo judío comenzó mucho antes de ingresar a la política o la diplomacia y recordó sus distintas visitas a Israel, tanto como turista como representante del Estado costarricense.

El canciller sostuvo que una verdadera amistad no puede depender de las circunstancias ni existir solamente cuando resulta cómoda. “Los amigos se reconocen precisamente cuando la amistad exige levantar la voz”, señaló, al tiempo que calificó a Costa Rica e Israel como “naciones hermanas”.

Tovar también defendió que esa relación debe traducirse en acciones concretas y no quedarse únicamente en discursos. “Nuestra amistad con Israel no debe limitarse simplemente a narrativas o discursos, sino a acciones”, manifestó.

Presidente de Israel envió mensaje especial

La ceremonia contó además con un mensaje grabado del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien describió a Tovar como un “verdadero amigo del Estado de Israel” y resaltó su papel en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Herzog recordó que Costa Rica mantuvo su respaldo a Israel durante momentos especialmente difíciles y destacó iniciativas recientes de cooperación entre ambos países, entre ellas proyectos relacionados con innovación, comercio y el acuerdo comercial bilateral.

El mandatario israelí aseguró que el Premio Jerusalén representa un reconocimiento adecuado al trabajo realizado por Tovar y destacó la relación que mantiene con el Gobierno costarricense.

Un reconocimiento también para su familia

Visiblemente conmovido, Tovar dedicó parte de sus palabras a su esposa, Tatiana, a quien agradeció por acompañarlo durante los sacrificios que ha implicado su labor pública.

El acto reunió a representantes de la comunidad judía, autoridades diplomáticas y allegados del ministro. Entre los mensajes centrales quedó una idea repetida por Tovar durante su intervención: la relación entre Costa Rica e Israel debe continuar fortaleciéndose y “lo mejor está por venir”.

La renovación de las autoridades del Partido Liberación Nacional comenzó a generar diferencias internas meses antes de la elección.

Las declaraciones del excandidato presidencial Álvaro Ramos contra una eventual continuidad de Miguel Guillén como secretario general provocaron respuestas de dirigentes de la agrupación e incluso llevaron a Ricardo Sancho a reconsiderar una decisión que ya había tomado.

Todo comenzó cuando Guillén reconoció que ha recibido solicitudes de compañeros para buscar su continuidad en la Secretaría General. Aunque aseguró que todavía no ha tomado una decisión, tampoco cerró la puerta: “No lo descarto, habrá tiempo”, afirmó.

Ramos reaccionó dejando clara su posición. El excandidato presidencial reconoció algunos aportes de Guillén durante su gestión, pero sostuvo que debería asumir otra función dentro de Liberación Nacional.

La respuesta de Guillén no tardó. El secretario general recordó que Ramos no es delegado de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, no podría votar en caso de que decida postularse nuevamente.

Pero el intercambio terminó involucrando también al actual presidente del PLN, Ricardo Sancho. El dirigente reveló que había decidido no buscar su reelección después de cuatro años al frente de la agrupación, pero las palabras de Ramos lo llevaron a reconsiderarlo.

Sancho acusó al excandidato de desconocer la esencia democrática de la Asamblea Nacional y advirtió que el PLN no debería regresar a épocas de “caudillismos”, en las que determinadas figuras decidían quién podía ocupar puestos dentro de la agrupación.

Así, lo que comenzó como una discusión sobre la eventual continuidad de Miguel Guillén terminó exponiendo las primeras diferencias públicas por el futuro de la dirigencia liberacionista, de cara al proceso interno previsto para octubre.

El Festival de la Luz continúa alejándose de la actividad que durante años llenó el centro de San José.

Para 2026, varias instituciones públicas decidieron retirarse y no participar con sus tradicionales carrozas, obligando a la Municipalidad de San José a buscar alternativas con empresas privadas y globos gigantes similares a los utilizados en el desfile de Macy’s en Nueva York.

La situación llega después de una edición 2025 marcada por decisiones que ya habían generado críticas. El desfile abandonó su tradicional recorrido por Paseo Colón y Avenida Segunda para trasladarse a los alrededores de La Sabana, un cambio que afectó al comercio de la capital y generó cuestionamientos sobre la seguridad y organización para quienes asistieron.

A esto se sumaron menos carrozas y restricciones para las bandas. Algunas agrupaciones tradicionales enfrentaron límites en la cantidad de integrantes y otras terminaron fuera del evento a última hora. Durante el desfile, además, se registraron largas esperas entre una carroza y otra o entre las presentaciones de las bandas, lo que restó continuidad al espectáculo.

También desapareció uno de los cierres más tradicionales: el espectáculo de pólvora. En su lugar, la Municipalidad apostó por drones.

Ahora, para 2026, el golpe alcanza al que durante años fue el elemento central del Festival de la Luz: las carrozas iluminadas. El Banco Popular ya confirmó que no participará este año y otras instituciones públicas también comunicaron su retiro.

El alcalde Diego Miranda ha sugerido que las diferencias políticas que mantiene con el Gobierno podrían estar detrás de algunas de estas decisiones, aunque reconoció que no cuenta con pruebas que permitan demostrarlo.

La Municipalidad promete que el Festival sí se realizará el próximo 12 de diciembre y habla de una propuesta “renovada”. Sin embargo, después de cambiar la ruta, reducir la participación de bandas, eliminar la pólvora y ahora perder carrozas, la pregunta empieza a ser otra: ¿cuánto quedará del tradicional Festival de la Luz?

La presidente Laura Fernández aseguró que el Estado ha desembolsado más de ₡5.469 millones en pensiones para expresidentes hasta julio de 2026 y cuestionó que algunos exmandatarios hayan recibido durante décadas un beneficio por el que no cotizaron específicamente.

Fernández defendió el proyecto del Ejecutivo para eliminar estas pensiones y recalcó que también alcanzaría a ella misma y a Rodrigo Chaves. Además, marcó distancia con la propuesta del Frente Amplio, al señalar que permitiría mantener el beneficio bajo determinadas condiciones.

🔗 | De denunciar “torturas” en Costa Rica a una de las cárceles más duras de Nueva York: el posible destino de “Macho Coca”

“Macho Coca” salió de Costa Rica denunciando supuestas “torturas” en Alta Contención e incluso agradeció a Estados Unidos por extraditarlo al asegurar que le estaban “salvando la vida”. Sin embargo, el panorama que podría enfrentar en Nueva York está lejos de ser más cómodo.

Bell Fernández podría terminar recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, la misma cárcel donde permanece Nicolás Maduro y un centro que ha sido descrito por abogados como “el infierno en la tierra” debido a sus duras condiciones. De momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado que este sea el centro asignado a “Macho Coca”.

🔗 | Laura Fernández viajará a Limón para atender de primera mano emergencia por inundaciones

La presidente Laura Fernández viajará este lunes a Limón para atender de primera mano la emergencia provocada por las fuertes lluvias e inundaciones. La mandataria iniciará su recorrido en el albergue de Valle La Estrella y posteriormente visitará otras comunidades afectadas.

La gira se produce mientras cientos de personas permanecen en albergues temporales y los cuerpos de primera respuesta continúan con evacuaciones, rescates y monitoreo en las zonas de mayor riesgo. Fernández supervisará la atención y la llegada de ayuda a las familias damnificadas.

🔗 | ¡Magistrada quiere menos trabajo administrativo, pero mantener su plus salarial!

Julia Varela busca permanecer ocho años más en la Corte, pero durante su comparecencia respaldó reducir las funciones administrativas de los magistrados mientras defendió el plus salarial asociado a esas tareas. ¿Menos funciones, pero el mismo beneficio?

🔗 | Analizamos el panorama político y los movimientos que marcarán los próximos años

Conversamos con la columnista política Lucía Arias sobre el momento que atraviesa la política costarricense, las tensiones entre distintos sectores y los movimientos que comienzan a tomar fuerza de cara a los próximos años. Un análisis EN VIVO sobre lo que está ocurriendo detrás del escenario político nacional.

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